El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que representantes de los gobiernos de 10 países se reunirán para abordar y buscar formas de resolver el creciente problema de migración, el paso de decenas de miles de personas sacude a Mesoamérica, desestabiliza unas naciones y crea crisis políticas en otras.
Nadie en su sano juicio puede negar la gravedad de la crisis de las caravanas desde Honduras, que se inició formalmente en 2017 y, contra lo que algunos esperábamos, sólo se hizo más grande y más profunda en años sucesivos desde entonces.
La semana pasada, el gobierno panameño estimó que más de 400 mil personas han cruzado el que hasta hace algunos años era considerado como el impasable Tapón del Darién, una región selvática en la frontera entre Colombia y Panamá.
Días después, el gobierno de Costa Rica declaró una emergencia nacional ante la ola de migrantes. Sólo en septiembre, más de 60 mil personas entraron al territorio costarricense.
Y como sucede en cada país por el que cruzan los migrantes, su número es reducido por los que se quedan, por motivos que van desde muerte hasta falta de recursos o voluntad para seguir, como incrementado con los que se unen desde las naciones que atraviesan.
Y eso sin contar a aquellos que llegan de Haití, un país que está muy cerca de ser considerado como un Estado fallido; de naciones de África y Asia atraídos por la posibilidad de entrar a Estados Unidos y dispuestos a arriesgarse en una camino que las Naciones Unidas consideran como la ruta terrestre más peligrosa del mundo.
¿Cuántos de ellos habrán llegado a México y cuántos habrán logrado pasar la frontera hacia Estados Unidos? Pero también, ¿cuántos habrán sido devueltos de EU?
El hecho es que ahora nuestro país enfrenta el problema de tener a millares de refugiados-migrantes, sin saber cuántos o quiénes son, que son fáciles presas de criminales y tal vez vulnerables a ser convertidos en delincuentes a su vez.
Son o pueden ser una carga económica amén de un problema para los de por sí desgastados y abrumados servicios sociales y de salud, sin contar los riesgos de reacciones xenofóbicas a las que infortunadamente ningún país es inmune.
Sin embargo, el problema de violencia que enfrenta México tiene un impacto real sobre los migrantes y presuntos refugiados, sin olvidar que algunos organismos no-gubernamentales acusan al gobierno del presidente López Obrador de poca transparencia en sus negociaciones con Estados Unidos sobre la situación de personas no-mexicanas deportadas de esa nación.
Las perspectivas no son alentadoras.
La situación es real, pero también la politización de sus causas y consecuencias, en los países emisores tanto como en aquellos que como México, son receptores.
Y el principal destinatario, Estados Unidos, está inmerso en un debate político-electoral que empeora si no imposibilita sus perspectivas de actuar positivamente.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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