Hace unos días la Gobernadora del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez anunció el inicio de audiencias ciudadanas encabezadas por ella, esto es un excelente y positivo principio al tratar el tema de la participación ciudadana, ya que está consiste en advertir que se trata de un concepto que no es neutral.
Detrás de cada forma de entender la participación ciudadana no sólo están involucrados —implícita o explícitamente— determinados sistemas de normas y valores, sino también distintos objetivos. La participación ciudadana debe ser tratada como el proceso a través del cual los ciudadanos, que no ostentan cargos ni funciones públicas, buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir en ellas.
Es decir, el concepto de “participación ciudadana” incluye cualquier forma de acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias formuladas desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública.
Es decir, la participación ciudadana implica voluntad de incidencia.
Además de estar cargado de valores, se trata también de un concepto ambiguo debido a que está atravesado por planteamientos contradictorios a partir de los cuales se le justifica.
Por un lado están los ideales que sostienen la forma democrática de gobierno y que conducen a la expectativa de que los gobiernos respondan a las demandas y necesidades de la ciudadanía , y por otro están los principios de la organización racional-burocrática que se traducen en la expectativa de que los procesos de toma de decisiones del gobierno se orienten por consideraciones técnico-profesionales y se alineen con los objetivos de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Desde la perspectiva de la teoría democrática, la manera en la que se ve la participación extra-electoral de la ciudadanía depende del modelo de democracia.
En las versiones más representativas, es vista como algo que atenta contra el espíritu y la estabilidad del sistema y tiende a desalentarse su incorporación en las tareas y actividades de gobierno. En el otro extremo, el modelo participativo sostiene que la implicación ciudadana es necesaria para gestionar la complejidad y el pluralismo consustanciales a los procesos democráticos de gobierno.
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana constituye la materia prima por excelencia del proceso político y en consecuencia un input que debe maximizarse todo el tiempo para obtener los mejores resultados en términos de la vitalidad de la comunidad política y de la generación de bienes públicos y de instituciones con incentivos para la rendición de cuentas.
Para la llamada “teoría mínima” o “revisionista” de la democracia, las elecciones constituyen la decisión fundamental en una democracia y a los ciudadanos les corresponde participar por medio del voto en la competencia que se establece para definir quién toma la dirección del gobierno; la democracia funciona cuando todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en ese proceso.
En contraste, los modelos más republicanos reivindican una implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas más intensa de lo que normalmente prevé el modelo representativo y apelan a la realización de los fines últimos del ideal democrático; es decir, sostienen que el involucramiento activo de los ciudadanos en los asuntos públicos permite la generación de virtudes ciudadanas y la realización del bien común.
El dilema entre representación y participación suele resolverse a partir del argumento de la complementación: el empleo de mecanismos deliberativos y directos para que los ciudadanos participen de las decisiones públicas contribuye a la corrección de los fallos que el sistema representativo muestra para atender las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos en sociedades complejas y para lograr una adecuada representación de los sectores con menor influencia.
En resumen, teóricamente se establece un continuum en cuyos extremos están la democracia representativa y la democracia participativa, mientras que en los gradientes intermedios se atribuyen distintos niveles de importancia y diversos roles a la participación directa de la ciudadanía, que a su vez dependen de las diferentes visiones sobre la manera en la que deben funcionar la democracia en general y los gobiernos democráticos en particular.
Así, la participación puede verse como un elemento disruptivo, como un discurso poco realista, puede jugar un rol protector del ciudadano frente al gobierno o adquirir una función central en la toma de decisiones públicas.
El debate entre democracia representativa y democracia directa llegó tarde al campo de la administración pública, pero constituye sin lugar a dudas el eje a partir del cual se establecen los dilemas para incorporar la participación ciudadana en las políticas y en la gestión públicas.
POR: LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA
ECONOMISTA
@LUISDAVIDFER
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