Durante la administración del presidente Trump, los Estados Unidos fueron profundamente insistentes en su deseo de rechazar a todas las personas que pretendían solicitar asilo en ese país después de transitar de manera irregular por territorio mexicano.
Inspiradas por un profundo sentimiento antiinmigrante —personificadas en dos asesores presidenciales, Bannon y Miller— las políticas de control migratorio estadounidense fueron modificadas para reducir al máximo la posibilidad de que personas migrantes pudieran ingresar de manera irregular a ese país. Durante los cuatro años de ese gobierno, se emitieron más de 400 cambios administrativos que desmantelaron el sistema de inmigración de Estados Unidos.
Como ejemplo de esas acciones, es de recordarse la denominada “prohibición a musulmanes”, implementada en enero de 2017, por la que se prohibía el acceso a Estados Unidos a nacionales de siete países predominantemente musulmanes.
En cuanto al asilo (refugio en el sistema legal mexicano), las políticas antiinmigrantes buscaban negar la protección humanitaria estadounidense a cualquier extranjero que intentara entrar a ese país después de transitar por México, en la idea de que si podían pedir protección al gobierno mexicano, por qué habrían de ofrecerla en territorio estadounidense.
En ausencia de un tratado internacional, las acciones de control migratorio son soberanas y unilaterales. En ese sentido, la pretensión trumpista de rechazar en sus fronteras a todos los solicitantes de asilo e imponerle la obligación al gobierno mexicano de otorgarles asilo, solo podía concretarse con un Acuerdo de Tercer País Seguro.
En virtud de un acuerdo de ese tipo, como el que existe entre Estados Unidos y Canadá, y entre la Unión Europea y Turquía, el gobierno estadounidense podría devolver a territorio mexicano a todos los solicitantes de asilo que pretendan ingresar a su país, imponiéndole la obligación permanente e inflexible a México de brindar refugio a esas personas o deportarlas.
En un contexto electoral en Estados Unidos, en donde parecen revivir algunas posiciones antiinmigrantes y antimexicanas, es imprescindible reconocer que fue un acierto rechazar un acuerdo de ese tipo que habría obligado a nuestro país de manera permanente a otorgar refugio o a repatriar a tantas personas que pretenden llegar a ese país para trabajar, para reencontrarse con sus familiares o para recibir protección.
No debe ignorarse nunca que la propuesta de un Acuerdo de Tercer País Seguro estaba animada por un sentimiento antiinmigrante. Habría sido profundamente ingenuo comprometer permanentemente a México con un mecanismo que en esencia niega la protección estadounidense a miles de personas que desean entrar a ese país.
Debe reconocerse que el gobierno de México soportó los embates de la administración Trump y se mantuvo en la postura de atender las causas de raíz de la migración y de establecer vías para que la migración a ese país sea de manera ordenada, regular y humana. Hoy, podemos observar que la posición de México comienza a rendir frutos, pues la administración del presidente Biden está desplegando medidas innovadoras para permitir el ingreso de migrantes a su país.
Alejandro Celorio Alcántara
Consultor jurídico de la SRE
MAAZ