La falta de transparencia provoca accidentes, los cuales pueden incluso costar vidas. En cualquier tema de relevancia pública, como es la situación actual del Metro de la Ciudad de México, la población necesita conocer la totalidad de la información, pues solo de esta manera podemos combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. Vivir en una verdadera democracia implica que la ciudadanía pueda acceder –sin trabas– a información de calidad, que se traduce en herramientas para tomar decisiones, por ejemplo, sobre movilidad, salud, educación, justicia, entre otros ámbitos. La crisis que vive el principal transporte de la capital del país es una oportunidad para erradicar la opacidad institucional.
El sistema Metro tiene un enorme interés público, no solo entre los 4.6 millones de pasajeros que lo utilizan diariamente, sino entre la población en general. En la Plataforma Nacional de Transparencia, al escribir en su buscador el término “Metro de la Ciudad de México” encontramos 3 mil 177 resultados. Del total, 851 corresponden a información pública contenida en las obligaciones de transparencia, 2 mil 325 a solicitudes de información y una queja de respuesta.
Más del 90% de las solicitudes fueron formuladas a las autoridades de la Ciudad de México, y evidencian interés en los trabajos de mantenimiento, en el presupuesto destinado al sistema de transporte y, por supuesto, en los avances de las investigaciones en torno al colapso de la Línea 12, ocurrido el 4 de mayo de 2021, que dejó 26 personas muertas y un centenar de heridos, además de causar afectaciones a los usuarios del oriente de la capital. Por ejemplo, preguntan ¿cuál es el presupuesto destinado para el mantenimiento, así como las medidas de prevención en las trabes y estructuras del metro de la línea 1, 2 y 12 en el año 2019 y el año 2022? ¿Quién realiza los trabajos de supervisión de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro y cuanto recibe de pago? ¿Cuál es el costo que tuvo el peritaje que se realizó ante el accidente de la Línea 12?, entre otras, son algunas de las inquietudes presentadas por la sociedad.
Como lo expresó un reportaje de la revista Proceso del pasado 15 de enero, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México no ha sido transparente con los recursos destinados para el Sistema de Transporte Colectivo (STC), pues desde 2020 ha modificado los conceptos de gasto para agruparlos en rubros generales y más amplios. Desde que fue inaugurado en 1969, el Metro es un emblema histórico de este país y su presupuesto, así como el mantenimiento y la supervisión de sus 195 estaciones y 12 líneas, deben ser públicos.
Lamentablemente, el tema se ha politizado, menos en interés de las víctimas y más según una lógica electoral de ataque y defensa. En esta época de la posverdad, oficialismo y oposición están enfocados más en presentar datos que refuercen sus argumentos y menos en hacer justicia, respetar la ley y garantizar los derechos humanos de la población. No debemos intentar ocultar las tragedias, por el contrario, debemos hacer pública la información y responsabilizarnos sobre las consecuencias.
Guardando las debidas proporciones, la historia nos muestra múltiples ejemplos (Chernobyl, Torres Gemelas, irrupción del covid-19, entre otros) donde resultaron contraproducentes los esfuerzos de las autoridades por mantener oculta la información; solo rindiendo cuentas es que podemos mejorar la confianza de la ciudadanía con las instituciones, evitar vacíos que pueden ser llenados con desinformación, y prevenir tragedias sociales.
La información de temas de interés público como el Metro de la Ciudad de México debe de estar al alcance de la ciudadanía, es una obligación de las autoridades dar a conocer contratos de construcción, mantenimiento, supervisión, nombre de servidores públicos al frente de estas decisiones, es información que debe de estar en la Plataforma Nacional de Transparencia o bien quien la solicite directamente a la autoridad llamada sujeto obligado la debe de entregar, caso contrario se pueden inconformar ante el órgano de transparencia de la capital o, si es un sujeto obligado federal, ante el INAI.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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