A estas alturas ya es innegable que el gobierno de Felipe Calderón fue causante de una violencia que hasta ahora no logra revertirse. Con su triunfo electoral cuestionado y un aparato de Estado que hizo todo para evitar revertirlo, encontró en la llamada “guerra contra el narco” un elemento de unidad en torno a su gobierno, legitimidad en el uso de la fuerza y cambio en la discusión pública.
Aquel ya lejano 2006 tenía no sólo un movimiento político activo, el lopezobradorista. También una serie de movimientos sociales que por diversos motivos se movilizaron en las zonas mineras, campesinas, e indígenas, con los casos destacados de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México.
Acaso un aspecto poco mencionado de estos tiempos sea que el proceso represivo aumentó en paralelo a la dinámica securitaria que se valió del show mediático incluyendo producciones de series de televisión; exacerbación de armas y operaciones como política comunicacional; difusión profusa de rostros y alias que, pretendidamente responsables de la violencia y la descomposición, una vez detenidos no significaron un cambio.
Quizás por esa memoria y por tratarse del único exsecretario de Estado bajo proceso penal en Estados Unidos, el juicio de Genaro García Luna ha despertado enormes expectativas en México. En especial importan las revelaciones sobre complicidades con las clases políticas y empresariales que posibilitaron la etapa cruel y sangrienta que persiste en el país.
En México, tal vez por el influjo de la propaganda de las industria del entretenimiento, solemos atribuirle mayores capacidades investigativas y de proceso penal al sistema estadunidense. Pero no necesariamente eso se traduce en revelaciones espectaculares como las que se esperan en la agenda pública nacional.
Naturalmente, nadie podría oponerse a la aplicación de la justicia contra aquellos que a partir de la corrupción propiciaron la violencia. Del otro lado, está el problema de mayor impacto social como lo es el de la injusticia e impunidad en los cientos de miles de víctimas de homicidio y desaparición, de secuestro y tortura, de extorsión y pérdida del patrimonio que padecen millones de mexicanos de manera directa o por extensión.
Ya desde 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, puso sobre la mesa la tragedia nacional que México estaba y sigue viviendo.
No deja de sorprender que, a 11 años de distancia, los horrores y dolencias de entonces y de ahora hayan quedado tan fuera de la discusión pública; que el Movimiento haya logrado acaso una serie de reformas y creaciones institucionales prácticamente inoperantes como la Comisión de Víctimas y, especialmente, que la definición apartidista de Javier Sicilia, haya provocado una reacción en contra de todo aquello que se alce en reclamo contra el régimen en turno.
Maniobreros, Calderón y luego Peña Nieto, simularon acciones. Me dijo un día Rosario Ibarra de Piedra: “los panistas eran la soberbia en grado superlativo; los priístas son la demagogia también en grado superlativo”.
¿Cómo podría llamársele a la conducta del actual gobierno morenista respecto a las víctimas?
En 2020, semanas después de la masacre de la familia Lebarón, aquella marcha modesta que llevaba por elemento simbólico el zapato de la pequeña Mackenzie, fue recibida por grupos lopezobradoristas que les repudiaban. Víctimas de la violencia, fueron y son víctimas de la partidización ciega y, finalmente, del olvido institucional.
Así, partidos van y partidos vienen en el gobierno, pero la realidad de las víctimas es la misma, la injsuticia, la impunidad con soberbia, mentira o desprecio. Por otra parte, el show que esta vez personifica García Luna, que remite al pasado con la esperanza de justicia así sea en el extranjero.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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