En anteriores colaboraciones me he referido ya del proceso de renovación (3 de abril de 2023) de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral -incluyendo a su presidente- y la enorme importancia que reviste el que, quienes resulten electos, cumplan con el perfil apartidista, capacitado e imparcial para servir de árbitros justos en los procesos electorales por venir. En esta entrega, a manera de seguimiento, me referiré a los últimos sucesos que al respecto se dieron en la semana anterior.
Recordemos que el pasado 13 de diciembre de 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación”.
Sin embargo, el 23 de diciembre de 2022, el TEPJF revocó, por unanimidad de votos, dicho Acuerdo, emitiendo una sentencia que indica una serie de modificaciones al Acuerdo votado y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, señalando lo siguiente:
- Se deberá suprimir la obligación impuesta al Comité Técnico de Evaluación para informar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) respecto de las determinaciones que vaya emitiendo a lo largo del proceso de evaluación, en el entendido de que solamente deberá enviar la relación de las personas, por cada vacante, para que se adopte la decisión política correspondiente. Igualmente se dispuso la eliminación de todo informe o rendición de cuentas por parte del comité de evaluación a la JUCOPO.
- Se obliga a distinguir las quintetas de candidatos, según el cargo a designar, de manera que se debe establecer que tres quintetas son para el cargo de consejería electoral y una específica para el cargo de la presidencia del Consejo General.
- Se obliga también a precisar las reglas que justifiquen un criterio diferenciado de selección para aquellas personas que integrarán la lista de aspirantes para el cargo de la presidencia y consejerías, atendiendo el tipo de cargo y las atribuciones específicas que conforme a la LGIPE tienen asignadas.
- Se ordena también que la JUCOPO debe presentar las propuestas al Pleno de la Cámara a través de cédulas diferenciadas de votación: una para la presidencia y la otra para el resto para las consejerías electorales.
- También se establece que deberán precisarse las reglas para determinar cómo se actualizará de manera real y efectiva la paridad en la integración del Consejo General del INE.
- Finalmente, se prevé la creación de un micrositio en su página de Internet (cuya orden de implementación se publique en el Diario Oficial de la Federación) en el que deberá publicitar en tiempo real, los expedientes, aspirantes, exámenes, entrevistas y todos los actos y actuaciones del Comité Evaluador.
Al respecto, el 2 de enero de 2023, la JUCOPO -con mayoría de votos del oficialismo- acordó por unanimidad suspender en su totalidad el proceso de elección argumentando erróneamente que la sentencia es vinculante exclusivamente al Pleno de la Cámara de Diputados no así a la JUCOPO.
La Cámara de Diputados iniciará su próximo periodo ordinario de sesiones a partir del 01 de febrero y no hay garantía de que este tema sea abordado con urgencia y prontitud. Acción Nacional ha manifestado que se debe dar certeza y legalidad al proceso para mantener al Consejo General del INE en funciones óptimas, para garantizar los procesos que están en curso en los Estados de Coahuila y Estado de México, así como los que se realizarán en el 2024.
Para cuando inicie el próximo periodo de sesiones, los plazos relativos a la instalación del Comité y registro de aspirantes se encontrarán vencidos y el plazo relativo a la evaluación que el Comité deberá realizar se encontrará afectado. Esto tendrá consecuencias negativas en los derechos político-electorales de aspirantes y dificultará que el Comité realice una debida evaluación de los requisitos constitucionales, legales y de idoneidad. Por otra parte, se afectarían principios de transparencia, máxima publicidad, certeza, entre otros. Existiendo la tentación de que esta designación sea por insaculación como pretenden algunos en el oficialismo.
Confiamos que, de agotarse los plazos legales, se cuenta con una instancia independiente al régimen oficialista y que la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la SCJN podría garantizar una debida intervención del Tribunal Constitucional en el proceso de elección de Consejeras y Consejeros del INE.
Las y los diputados de Acción Nacional seguiremos velando por que nuestra democracia sea resguardada por los mejores perfiles, con conocimiento técnico y operativo en la materia electoral y que con su experiencia nuestra democracia no se arriesgue a pesar de los intentos del Ejecutivo de desmantelar al Instituto Nacional Electoral.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
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