Más allá de mañaneras e informes presidenciales, los temas que hoy están en el debate público plantean definiciones fundamentales para el futuro de México, en medio de una creciente incertidumbre.
No es poca cosa reflexionar al mismo tiempo sobre tres temas nodales de la vida política nacional: (1) la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa; (2) el rol de las Fuerzas Armadas en relación con la Guardia Nacional; y (3) una eventual reforma electoral que, entre otras cosas, propone cambiar el esquema de representación política de los mexicanos. Si a ello sumamos los debates constitucionales sobre la industria eléctrica, el reto es repensar al país en medio de un contexto muy complejo, con muy pocas expectativas de generar consenso.
Ya no se trata simplemente de conseguir los votos necesarios para cambiar la Constitución en el Congreso. Si el PRI rompe sus compromisos con la oposición, como anunció ayer, el Presidente habrá logrado su propósito. Ese era el temor latente de las aspiraciones de construir una oposición unificada. Con ello se olvida lo importante del debate.
Lo que hoy se impone es una reflexión integral del significado de los cambios propuestos. Atrás de la polémica sobre la prisión preventiva oficiosa radica una concepción de cómo se defenderán en México los derechos humanos, al tiempo que se impulsa el combate a la impunidad; más allá de definir quién administra la Guardia Nacional, se puso sobre la mesa el papel que las Fuerzas Armadas deben desempeñar en nuestra sociedad, y las responsabilidades y presupuesto que requieren, ante la percepción y temor a la militarización; sin duda, el sistema electoral es perfectible en muchas de sus partes, pero cambiar el esquema de representación a través de reducir el tamaño de las Cámaras, o centralizar toda tarea electoral en el Instituto Nacional Electoral, implica repensar el tipo de democracia y federación que queremos para México.
Una reflexión integral de estos temas implica partir de reconocer que la sociedad mexicana es fuerte por su pluralidad, que no se reduce a seguidores del Presidente y adversarios; que el federalismo merece un nuevo esquema para su fortalecimiento; que el equilibrio de poderes implica fortalecer contrapesos para construir consensos y cambiar todas las comas necesarias y artículos enteros a las iniciativas presidenciales. Realizar los cambios sin el consenso de todas las fuerzas políticas sólo llevará a la imposición de un conjunto de parches que no integran un proyecto de nación, y sólo definen un conjunto pasajero de políticas que merecerán nuevas revisiones, más pronto que tarde.
Para enfrentar los problemas de fondo del país se requiere de una actitud diferente por parte del gobierno y su partido. Mientras las propuestas presidenciales no puedan ser tocadas para mejorarlas y construir acuerdos o los poderes de la Unión se plieguen a los dictados del Ejecutivo y pierdan autonomía, repensar al país o tratar de transformarlo es un ejercicio fallido que sólo mantiene la polarización y lastima a las instituciones.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO TEC DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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