El presidente Andrés Manuel López Obrador considera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los jueces de todo el país como sus empleados, sus escribanos y subordinados. En su forma primitiva de pensar cree que por haber propuesto a cuatro ministros, por ese simple hecho perderían su libertad e independencia de pensamiento y olvidarían por completo servir a México.
Como no le gustaron algunas de sus decisiones donde mostraron estar más a favor del derecho que de su voluntad, por juzgar algunas cuestiones de acuerdo a su conciencia e interpretación de la Constitución, los ataca. "Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos". La interpretación y la defensa de nuestra Constitución es mucho mas que “actuar en función de mecanismos jurídicos”.
Sólo un profano de la ciencia jurídica podría señalar que, si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, sin embargo señala que dicho poder está caracterizado por la corrupción”.
Si bien es cierto existen demasiados hechos de corrupción en el Poder Judicial, también lo es que presionar política y jurídicamente a jueces y magistrados para que fallen en los casos de interés del Ejecutivo es una forma de corrupción. Con simpleza y sin el menor recato institucional señala que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial, no son gentes (sic) caracterizadas por la honestidad.
O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones. Sin el menor conocimiento de las razones jurídicas que se debaten.
El Presidente desconoce los límites de su cargo; carece de facultades para "limpiar el Poder Judicial", mucho menos a la medida de su confianza. Señaló que los jueces desprecian al pueblo, defienden grupos de intereses creados y empresas extranjeras, y viven en una especie de burbuja "artificial" donde la gente no cuenta.
El presidente de la SCJN guarda silencio cuando se trata de defender al poder que encabeza, pero no para de hablar para hacer política y promoverse.
Los jueces sí le contestaron que "la división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial".
Toda esta nueva afrenta obedece a que la Corte debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ya que viola derechos humanos previstos en tratados internacionales. La Corte dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quien se le debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga, sin importar el delito, como en cualquier Estado donde sus ciudadanos gocen del derecho humano a que se les presuma inocentes.
La prisión preventiva no se extinguiría, sólo tendrán que justificarla, tanto la Fiscalía como el juez de control. Se sustenta en el respeto y garantía de los derechos fundamentales. No es cuestión política. Es una cuestión obligatoria para el Estado Mexicano a respetar y garantizar los derechos humanos.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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