Todo está listo para el show del 16 de septiembre: Guardia Nacional será presentada como integrante del Ejército.
En la Cámara de Diputados Morena aprobó, fast-track y sin discusión, la reforma administrativa que convierte a la Guardia Nacional, cuerpo policial civil según reza la aún vigente Constitución, en un brazo del Ejército. Aunque digan que no, este hecho es en esencia la confirmación de la militarización de México. Y más grave aún: anuncia los prolegómenos de un nuevo régimen cívico-militar en México, al margen y en contravención de la Constitución.
Dos hechos lo confirman. Primero, porque el acto legislativo contraviene e ignora la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto violenta flagrantemente el Estado de derecho vigente en México. Sin embargo, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados está tranquila porque se siente legitimada para realizar dichos actos violatorios de la ley. ¿Por qué? Porque considera que las balas del Ejército la apoyan. Un Ejército dispuesto, según la opinión morenista, a disparar contra quien cuestione las decisiones del Poder Legislativo que lo empoderan, aun siendo ilegales. Eso es militarismo. Es una reforma que inserta al nuevo Ejército-policía en el corazón de las decisiones del Estado.
En segundo lugar porque el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, o sea el Presidente de la República, promueve, festeja y avala el avasallamiento a la Constitución. Desde las más altas esferas del poder político de México tienen la certeza de que pueden ignorar las leyes del país para consolidar su proyecto político. Será, en opinión del Presidente, la culminación de los cambios estructurales como su herencia histórica a futuros gobiernos que, supone, serán de su partido.
La lectura que hace de su mandato legal y democrático ganado en las urnas, sin embargo, no lo mandata para despechar a la Constitución y gobernar con la fuerza de las armas. Eso se llama dictadura. Y no ganó ese derecho en 2018.
Cuando anunció, hace un par de años, que las condiciones estructurales de su “transformación” estaban concluyendo, no lo decía en vano. Para futuros gobiernos va a ser casi imposible, por razones económicas, cambiar o cancelar las construcciones del aeropuerto Felipe Ángeles, dejar de terminar la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, por el grado de avance de las obras y el costo económico fenomenal ejercido. Además, entre otras “transformaciones”, promete cambiar el paradigma energético del país, concluir la creación de un nuevo régimen político, conformado por civiles y militares y la consolidación de un órgano electoral administrado por su partido.
Ésta sería, en su opinión, la gran obra de gobierno, la denominada transformación de la 4T. Su estrategia recuerda lo que algunos decían sobre la amenaza de quiebra de los grandes bancos y financieras de Wall Street durante la crisis de 2009: “Too big to fail” (demasiado grande para fracasar). La idea era que era tan grande la obra que la única alternativa viable era inyectar más dinero para no provocar un quebranto mayor. En nuestro caso, puede decirse que AMLO ha invertido tanto dinero público en esas obras que ya no es factible perder la inversión, aunque las obras sean mal concebidas, mal ejecutadas y podridas de corrupción. Por ello, dejará al próximo gobierno una herencia maldita.
Su intención, sin embargo, es fundamentalmente política. Está reconstruyendo el sistema político con la inclusión de los generales en su esquema de gobierno. Diseña, en los hechos, un nuevo régimen cívico-militar. Es una modalidad de “nuevo estatismo autoritario” aprendido principalmente en Cuba, pero tomando trazos de Venezuela y Bolivia en el proceso. Lo principal estriba en convertir a los generales en socios, tanto comerciales como políticos de los gobernantes civiles.
Una vez que estén abordo, no van a querer perder lo que significa el acceso libre y casi ilimitado a recursos públicos y la opción de hacer negocios propios. Por eso la entrega generosa pero aparentemente sin explicación de trenes, aeropuertos, puertos marítimos y obras de construcción civil a los generales. Bajo el paraguas justificatorio de la seguridad nacional tienen libertad absoluta para disponer de recursos públicos sin tener que rendir cuentas a ninguna instancia oficial sobre sus gastos, contratos ni ganancias. Lo que se sacrifica totalmente en este esquema de gobierno es la transparencia. ¿Quién se atreverá, de un próximo gobierno, a exigirles a las armas que rindan cuentas de sus gastos y particularmente de sus ganancias?
La intención de crear un nuevo régimen político explica la visita y el acompañamiento presidencial de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina a Cuba recientemente. Fueron a observar el sistema en acción y constatar el papel central que juegan los generales cubanos en el mantenimiento del control político en la Isla: también están defendiendo sus intereses económicos privados. Es un sistema de un masivo e intrincado sistema de complicidades mutuas.
Sin embargo, entre México y Cuba existe una diferencia crucial. En México gozamos del lujo de tener elecciones democráticas y hay alternancia política. En Cuba no hay elecciones democráticas y no existe la alternancia por disposición constitucional. Por esa diferencia de los sistemas electorales es que la última gran “transformación” que requiere AMLO para consolidar el régimen cívico-militar es torcer el sistema electoral para que tenga control absoluto sobre las elecciones impidiendo el juego democrático que facilita la alternancia en el poder.
La alternancia, bajo el esquema electoral que propone López Obrador, deberá desaparecer de nuestro léxico para siempre. Sin embargo, debe hacer que México tenga una convincente fachada democrática (que no genere demasiados reclamos de los vecinos del Norte y la sociedad occidental, por razones pragmáticas) pero que en realidad consolide el régimen cívico-militar sin alternancia. Si el sistema priista siempre fue formalmente democratico, aunque en realidad gobernaba un solo partido, como todos sabemos, ¿por qué no sería posible crear algo parecido a una “nueva democracia dirigida” en México guiada por un gobierno compuesto por civiles y militares que nunca pierde las elecciones?
Así como el PRI gobernaba con facultades metaconstitucionales (López Portillo dixit), ¿por qué no podría otro López, ahora Obrador, declarar el regreso de las facultades metaconstitucionales a México, transformado en la justificación legal de una coalición cívico-militar y cobijado por una tesis estratégica de la Seguridad Nacional?
La circunstancia del deterioro del respeto a la Constitución y al Estado de derecho es producto de la intención de imponer un nuevo régimen político. Se apresta a construir un nuevo simulacro de régimen con una estructura política formalmente democrática pero que en la práctica es un diseño autoritario. Deja para el próximo gobierno proponer una nueva Constitución.
El Presidente llevó a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina a Cuba para que confirmaran la viabilidad del cambio de régimen en México que se les propone. Ese viaje fue la luna de miel de civiles y militares de ese modelo de gobernanza para México.
La gran ironía es que, al final de la Guerra Fría, Cuba está a punto de lograr lo que Fidel Castro nunca hubiera imaginado: la implantación de su modelo de gobernanza en México a través de un mexicano copycat. El asunto para ambos gobiernos no es ideológico, ni es sobre socialismo o capitalismo. Eso les tiene sin cuidado. El objetivo es lograr que regímenes cívico-militares a semejanza gobiernen ambos países. No existe mayor fraternidad que esa: las élites autoritarias alzando sus copas en complicidad y gloria al brindar por el poder eterno.
POR RICARDO PASCOE
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MAAZ