Además del presidente y el titular de la SEDENA sólo un puñado de personas deben conocer el panorama completo de la política militar del gobierno. El resto debemos entregarnos a un ejercicio interpretativo que permita integrar las manifestaciones de superficie en una narrativa que explique la actual coyuntura.
Obra pública, participación en seguridad, guardia nacional, ingreso a campo Marte, Ayotzinapa son todas arenas singulares de un teatro de operaciones que sucede en los sótanos del Estado. El movimiento se demuestra andando y lo que hemos visto en estas semanas indica que la investigación de la Comisión que preside Alejando Encinas y el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación (UEILCA) han tenido un impacto.
Las experiencias de justicia transicional en otros países deberían alertarnos. Este tipo de procesos se enfrentan a estructuras de poder con capacidad de bloquear y condicionar las iniciativas de justicia. Esto es válido también al interior del Estado: el conflicto entre la Fiscalía del cuestionado Gertz y la UEILCA es innegable.
Por más que se quiera individualizar las expresiones públicas de militares acusados, estas deben tomarse como indicador de que en ciertos sectores del Ejército se mira al avance de la investigación como una profanación. Se trata de una corporación que tiene en el “espíritu de cuerpo” un axioma fundamental de su fuerza y disciplina. ¿Este malestar es generalizable o también allá adentro hay divisiones?
La noticia que circula a esta hora es que un juez habría ordenado la suspensión de la vinculación a proceso de Murillo Karam. El otro elemento acá es el poder judicial. La larga trama represiva del Estado mexicano siempre tuvo una pata legal. Y ahora es ahí donde se tiene que procesar lo mucho o poco que se haya avanzado en la investigación. Y los perros ladran, Sancho, pero también pueden morder.
La derrota parece próxima. La impunidad y el silencio no son una inercia ni una calamidad histórica: es el resultado de fuerzas activas que operan para que todo siga igual. ¿Duro golpe a la promesa de transformación vehiculizada por el obradorismo? Seguro. Pero acá no debería de haber distingos partidistas porque lo que está en juego nos trasciende a todos.
Lo que no se pueda conseguir por la vía institucional se debería intentar conquistar en las calles. Así ha sido y así será, con la diferencia de que hoy un sector que ocupa el Estado que está dispuesto a traducir ese reclamo en hechos estatales. La Comisión por el caso Ayotzinapa está en una clara situación de debilidad y el apoyo debería ser sin reproches ni pases de facturas. La mezquindad puede esperar: la justicia no.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
MAAZ