El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, Vidulfo Rosales Sierra, reconoce que las manifestaciones del viernes frente a Campo Militar Marte de la Ciudad de México, sí son de familiares y amigos de los estudiantes y están motivadas por la falta de información verídica para dar a conocer de manera oficial el paradero de los chicos.
Mañana se cumplen ocho años de los sucesos de Iguala, Guerrero, y a pesar de las bombas molotov y los disturbios del viernes a la zona del ejército, afirma que hay una causa legítima y justa por el desaseo con que se han llevado las investigaciones, pero sobre todo por brindar desde el gobierno de López Obrador protección e impunidad a la Sedena, tanto o más que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
---¿Consideran que hay por parte del gobierno federal en turno un encubrimiento al ejército mexicano? -- cuestioné ayer a Vidulfo Rosales durante una conversación telefónica.
-Sí, lo que nosotros estamos viendo es una reticencia de parte del gobierno para que se investigue. El Ejército mexicano no se quiere, pero ahora nos hemos topado ahí ya con obstáculos de parte del Gobierno para que no sea investigado.
--Hay una orden de captura contra un general que estuvo involucrado en los hechos de esa noche. ¿Eso no les deja satisfechos?
--Mira, por ejemplo, hay 20 órdenes de aprehensión contra los militares. Extrañamente se han ejecutado solamente cuatro órdenes de aprehensión. Hemos estado solicitando información de qué pasa con los 16 restantes y se nos ha negado dentro. Desde antes de las protestas hemos preguntado qué es lo que está pasando con la falta de ejecución de las restantes órdenes de aprehensión a militares y las otras órdenes de aprehensión distinta a la de los militares. Estamos hablando de 83.
--¿Cree que haya pactos con el Ejército para salvar a la Sedena?
--Hay un pacto con este poder metaconstitucional del Ejército mexicano, que se manifiesta en acuerdos para darles proyectos para la construcción y otros beneficios. Entonces en ese pacto nosotros vemos que se está complicando, que se quiera investigar, por eso despierta en nosotros la preocupación de que no se han ejecutado las demás órdenes de aprehensión.
En este momento en que se discute la propuesta presidencial para legalizar la permanencia del Ejército en las calles en labores de policía, el caso Ayotzinapa es una muestra clara de los riesgos que ocurren, no son un cuento, cuando el Ejército sale a las calles y se violan los derechos humanos porque su formación está enfocada en labores de ataque, además de no construir ni preparar policías civiles.
Si eso pasa ahorita y se oculta información sin la imposibilidad de investigar a la Sedena porque se piensa al interior ¿por qué debemos rendir cuentas ante el poder civil?
Uppercut: Además del reparto de doctores Simi de peluche en los conciertos para enternecer a la gente y echársela a la bolsa como medida para salvar los consultorios similares de las intenciones de Hugo López Gatell, ahora hay trato especial de sus farmacias con clientes y pacientes e interesantes rifas periódicas.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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MAAZ