Me parece que debemos plantearnos una pregunta. ¿Qué harías en este momento, si a quien quieres profundamente estuviera en peligro de muerte?
La respuesta supongo, es que harías todo lo posible por salvarle.
Sí estuviera en tus manos, claro.
¿Qué tal, que, si la hipótesis es que, no está en tus manos, sino en la autoridad a la que pagas impuestos y esperas que asuma sus funciones? ¿Tendrías confianza? La realidad es que muchas personas no piensan que habrá acciones inmediatas, pero tampoco mediatas que hagan que te sientas seguro/a. En situaciones en que ésta debe intervenir. Eso tiene un nombre, se denomina: negligencia.
Vamos a analizar de que tamaño es esto. Al servicio público se le ha recortado 7.2%, de empleos, al cierre de 2020, con respecto al año 2019. De los cuales fueron despedidas más mujeres, 56.3% frente a 43.7%, hombres.
La misma estadística indicó que Gobierno y Política Interior decrecieron en un 72.3% en personal, al igual que justicia que se redujo en un 48.3%. Por otro lado, dentro de las instituciones públicas que crecieron en personal estuvieron, entre otras, Protección civil en un 61.5%.
Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021. Resultados (inegi.org.mx)
¿Cuál es el problema con esto?
Lo que te quiero comentar al respecto, es que se han generado ineficiencias severas, porque en la mayoría de las circunstancias las personas despedidas son mandos medios y directivos, esto es, el personal de confianza, con mayor experiencia, capacidad educativa y conocedora, respecto de las funciones indispensables en determinadas materias, para las cuales fueron contratadas; y por lo tanto, las que asumían una mayor responsabilidad con relación a personas de base o confianza. Es innecesario señalar porque un salario mayor.
Ahora bien, el no desempeñar un trabajo esencial, con capacidad de formación específica, por parte de una autoridad genera, entre otras cosas, catástrofes técnicas, financieras, jurídicas y humanas, y cada vez es más frecuente este tipo de fallas.
Dentro de lo más visible están asaltos, lesiones, muertes con violencia. Pero, además, existe otro tipo de ineficiencia gubernamental que afecta otras tantas esferas; como la laboral, que se manifiesta con la ola de trabajos que se trasladaron hacia la informalidad, o la explotación por parte de empresas formales que actúan en similitud a las informales, como se muestra en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva edición (ENOE-NE). Presentación de resultados. Enero 2022 (inegi.org.mx)
Lo anterior cierra cada vez más el circulo, pues nos vemos en peligro millones de personas que dependemos de una estructura gubernamental sólida.
Para que lo anterior te sea sumamente claro, puedes hacer un engranaje si relacionas otra cifra, y ésta se encuentra en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana del Primer Trimestre del 2022, donde la población manifiesta sentir inseguridad en un 76.4%. En diferentes circunstancias. En los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 70.2%; en el transporte público así como, bancos, 61.7%; y 58.6% en las calles que habitualmente usa. En marzo de 2022, 35.2% de las personas de 18 años y más que residen en ciudades de interés identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades.
Aquí me detengo, para que observes un punto interesante de esta encuesta. La percepción de inseguridad dentro del trabajo es del 30.3%. Lo que representa la evasión de los controles administrativos o de medio ambiente laboral que se encuentran en las diferentes Normas Oficiales Mexicanas, ya sea por su poca o nula inspección.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy probable que adelgazar la planta laboral de servidores públicos en departamentos indispensables, haya detrimentado la calidad del servicio público y, con ella, la supervisión y manejo del orden laboral mínimo, por parte de personal altamente calificado y con vocación de servicio, que esté al pendiente del desempeño de su trabajo. A pesar de que como se puede observar en la estadística del INEGI, quien más ha incorporado personal en el servicio público es el área de protección civil.
Podemos llegar a una conclusión, y ésta es, que hemos descendido en el número y eficacia de servidores públicos que hagan trabajos necesarios y útiles, y se ha quedado el gobierno con trabajadores que no logran resolver el problema substancial de México, me refiero a su equilibrio. En otras palabras, la terrible tragedia que se ha vivido en Agujita, Coahuila, dependió de muchos factores no atendidos, ni siquiera de forma mínima, simplemente no existieron controles y valores óptimos que dieran seguridad a dichos trabajadores. Describo algunos, desde el punto de vista laboral:
Falta de controles de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; ello conlleva una serie de requisitos en materia de seguridad e higiene en el trabajo como son: poseer protección suficiente para trabajos de alto riesgo; maquinaría moderna, capacitación por parte del empleador a sus trabajadores con respecto a accidentes en el trabajo, geolocalización de las zonas de riesgo.
Detener una mina por falta de estos elementos o cualquier otra fuente de empleo, no resulta fácil, porque se tienen que seguir procedimientos jurídicos y, administrativos con conocimiento pleno, por parte de la autoridad ya que es su responsabilidad, y ésta, en muchas ocasiones, resulta de vida o muerte, como se pudo apreciar.
Saber hacer el trabajo debería resultar fundamental, para el desempeño de este. Pero como ya analizamos la prioridad es adelgazar la planta laboral gubernamental, sobre todo de aquellas personas que tienen a su cargo el equilibrio institucional y social del país, es decir, el conocimiento.
Por supuesto, los responsables privados, deberían tener seguros de vida para los supervivientes y sobre todo tener a la persona trabajadora como interés superior, por encima de un interés económico. Nuevamente la supervisión en un país donde la máxima es evadir la justicia es imperante.
Los mineros atrapados ganaban, alrededor de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), a la semana. Dicho en otras palabras, esclavitud en pleno siglo XXI.
Arriesgar la vida, por tan poco salario, sigue siendo una concatenación de actos desafortunados, que pueden haber nacido décadas atrás, pero que de pronto se han agudizado, ya sea por ineficiencia o negligencia.
Una fuente de empleo formal, con autoridades, empresas y trabajadores comprometidos con la eficiencia de procesos y con salarios razonables, en toda nuestra República, daría como resultado mejoras sociales y comunitarias.
¿Cómo se puede evitar?
En el caso de los empleos de riesgo, como la minería, se tendría que hacer un apartado especial para aumentar la edad del personal que labora directamente en minas, de 15 a 20 años. Por otro lado, se debería imponer una serie de requisitos tecnológicos a quien quiera explotar una mina de cualquier tipo. La razón salta a la vista, existe maquinaria especializada, que no arriesga vidas, para el desempeño de un trabajo, y como tampoco sería correcto no contratar a personal con mínima preparación, podría exigirse a las empresas capacitación en el uso de maquinaria, para el desempeño minero.
Después de todo, deja mucho dinero la extracción de minerales en cualquier parte del mundo. Pero no en cualquier lugar, se originan desgracias a 40 metros de profundidad. En donde la geolocalización de posibles riesgos es previsible.
Me llena de consternación lo que ha pasado con los mineros. Los abrazos de familiares, sus lágrimas, su desdicha y aquella ansiedad, de que muy probablemente se deje la búsqueda, ante la imposibilidad de salvar a nadie.
Pero, sobre todo, es muy preocupante que el círculo se cierre cada vez más, porque si nos sucede algo a ustedes o a nuestras familias, amigos y gente cercana. Qué hoy vemos la desgracia por diversos medios, tampoco habrá nadie quien nos ayude.
POR SARA MORGAN
CONSULTORA JURÍDICA Y DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB
@MORGANSAREL
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