La orden fue contundente: bajo ninguna circunstancia, Juan Carlos Tapia podía acercarse al presidente López Obrador en el acto de Dos Bocas. Y la orden se cumplió.
Para el evento con el que el mandatario celebraría el cuarto año desde su victoria electoral y presentaría in situ los avances de la nueva refinería (Inauguración de la Etapa de Pruebas, le llamaron al evento), desde hace días, en Palacio Nacional, el staff del despacho hacía los últimos ajustes logísticos con los equipos de Pemex y la Secretaría de Energía, cuando entre otras instrucciones llegó esa.
Y es que, en esos detalles, se encontraba la lista de invitados especiales que acudirían al acto del viernes 1. Como suele ocurrir en la lista figuraban los contratistas que han participado o participan en el megaproyecto, entre estos, Construcciones Industriales Tapia (Citapia).
El mencionado Juan Carlos Tapia, originario de Hidalgo y poseedor de una fortuna que se ha construido al amparo del poder que durante décadas ejercieron los políticos priístas hidalguenses, es el propietario de la empresa que es frecuente objeto de polémicas y actualmente enfrenta diversas investigaciones.
Y es que, Citapia tiene expedientes abiertos en materia administrativa, por denuncias ante la Secretaría de la Función Pública que, por su relevancia, han llegado al despacho de Roberto Salcedo Aquino, uno de los cercanísimos a Carlos Esquer, el particular del Presidente.
Citapia enfrenta también la investigación de oficio, en la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez, donde se busca el destino de ciertos flujos de dinero, toda vez que la empresa ha sido ampliamente favorecida por contratos públicos.
Inclusive, hay caso abierto en la Comisión Federal de Competencia Económica que lidera Brenda Gisela Hernández, en seguimiento a denuncias por el uso de firmas fachada en licitaciones gubernamentales, en especial la que hizo en licitaciones de la refinería de Dos Bocas.
La simulación ocurrió en la competencia a la que acudieron Mexicana de Recipientes a Presión, hoy llamada Procesos Especializados y Proyectos (Proesa); también participó Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, y Fabricaciones Industriales MAO, como oportunamente documentó Forbes.
Ya en una entrega anterior se informó en este mismo espacio que Citapia enfrentaba acusaciones por huachicol, luego de que, en 2017, una toma clandestina detectada por elementos de la Guardia Nacional, iba a dar a unas instalaciones de la empresa en Hidalgo.
Las documentales, los testimonios y la flagrancia fueron insuficientes. Los abogados de Citapia expusieron un alegato inverosímil como lo es que la empresa rentaba sus instalaciones como estacionamiento nocturno, a una señora sin datos de capacidad económica para la operación. El asunto fue desechado hace unas semanas.
Lo peor de su historial es la implicación de Citapia en la trama de corrupción Odebrecht-Pemex-Reforma Energética. La empresa estuvo asociada con la corrupta brasileña. Esa implicación es aun más grave, pues el exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya Austin, señaló a Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos y socia de Citapia, como implicada en el reparto de sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética del peñismo.
Esto último motivó el enojo presidencial cuando trascendió que la empresa, investigada por corrupción y recientemente inhabilitada, consiguió contratos en una de sus obras emblemáticas como lo es la Refinería de Dos Bocas.
Ahora que los Tapia vuelven a buscar un amparo para poder seguir operando, al despacho llegó la información de que Juan Carlos intentaría abordar al mandatario por lo que bloquearon su acceso al entorno presidencial.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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