Luego nos preguntamos sobre qué tan profundos fueron los cambios que se dieron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La respuesta salta a la vista ahora que el gobierno norteamericano, vía su representante comercial, Katherine Tai, le pide a su par mexicano, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Economía (SE), de Tatiana Clouthier, iniciar una investigación contra la empresa Panasonic Automotive de México, por presuntamente coartar los derechos de los trabajadores sobre la libre asociación y negociación colectiva, –esta sería la tercera ocasión que se invoca el mecanismo de respuesta rápida dentro del T-MEC, las dos ocasiones previas también se dieron dentro de empresas vinculadas con el sector automotriz–. No debemos pasar por alto que uno de los pilares de la política comercial que impulsa la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se concentra en vigilar los derechos laborales de los trabajadores a nivel Latinoamérica.
PERTINENTE ACLARACIÓN
Durante los últimos días, las operaciones que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que lleva Carlos Morán, se encuentran bajo la lupa, incluso varios internautas a través de sus redes sociales han señalado experiencias que se generan en aterrizajes abortados, en ocasiones atribuyendo las situaciones a lo que realmente sucedió aquel sábado por la noche, cuando dos aviones de la aerolínea Volaris, tuvieron un incidente en una de las pistas que pudo convertirse en tragedia. Pues bien, platiqué con el secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), José Alfredo Covarrubias, y me comenta que lo que ha ocurrido recientemente en algunos procedimientos de aterrizaje no se podrían catalogar como incidentes, sino algo más apegado a un fenómeno meteorológico conocido como Cizalleo, y no a una mala aplicación de los procedimientos y las instrucciones que se ordenan desde la torre de control.
RECONSIDERA ACUSACIÓN
La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes, se retractó para desligar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, de una falsa investigación contra varias empresas. Hace siete meses, la legisladora acusó a algunas firmas de un presunto fraude en contra de pequeños ahorradores mexicanos. El órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Hacienda publicó un listado de empresas en las que advertía “no invertir”, el problema fue que lanzó señalamientos sin la investigación previa de ley. En otras palabras, Pérez Reyes se retractó de sus señalamientos contra la empresa mexicana Yox Holding, al mando de Carlos Lazo, ya que opera en el marco de la ley. ¿Habrá posicionamiento por parte de la autoridad?
POR JAIME NÚÑEZ
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