El caso, o si se prefiere, la serie de casos, que se ha conocido en conjunto como “Cartel Inmobiliario” es un escándalo político tan perjudicial para el panismo que ya activó sus más eficaces maquinarias. Y no es para menos. Desde hace poco más de una década diferentes zonas de la Ciudad de México empezaron a gentrificarse, esto es, a expulsar habitantes de barrios viejos, comunidades rurales, e inclusive, pueblos originarios, con una proliferación de edificios con departamentos de altisimo costo.
El gran momento que han tenido los constructores vivienderos por una década, no es cosa de la buena gestión empresarial antes que fruto de una advertible corrupción que necesariamente implica a gobernantes y a una alta burocracia beneficiaria indebidamente.
Lo anterior es bien conocido, ha ocupado largas conversaciones entre comunes, ha sido objeto de atisbos periodísticos y, finalmente, una determinación indudablemente política de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y un trabajo de investigación de la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy abrieron la cloaca.
El asunto disparó tanto la preocupación que la cúpula nacional panista intentó un avance al quite el mismo jueves 8, cuando se dio a conocer que había una orden de detención liberada contra el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich.
Y no es para menos. El grupo político capitalino dominante al que pertenece Von Roehrich, es el que encabeza el líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero.
La reacción del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, del presidente de la Cámara de Diputados y auténtico mandamás del partido, Santiago Creel y del propio Romero, dirigió la carga contra la jefa de gobierno Claudia Shienbuam, acusándola hasta de ser “aprendiz de dictadora”. Fue carga de salva.
El punto de la cúpula panista consiste en articular un discurso de defensa que denuncie persecución política y, en respuesta, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dicho que no, que sólo es “estratégicamente jurídica”. Lo cierto es que el hecho es político. Pero no exclusivamente por una persecución con fines electorales como pretenden hacerlo ver los líderes de oposición, sino como parte de un proceso natural de cambio en las formas de hacer política que tienen en la mira a quienes han ostentado cargos públicos por otros partidos con indicios de haber incurrido en corrupción.
Preferible la determinación de Sheinbaum (o si se quiere, Godoy) a la impunidad que ha caracterizado la vida pública en la ciudad, donde por cierto, también hay antiguos aliados que se quedaron en el PRD y algún morenista implicados.
Posdata
La inminente designación del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja como coordinador de Comités de Defensa de la 4T, antesala a la candidatura al gobierno de Coahuila prevista para el lunes, tiene un hecho relevante ocurrido el viernes 9 como lo es el triunfo de candidatos a las dirigencias magisteriales de las secciones 35 y 38 en Coahuila con afines al morenista, cuyo avance significó arrebatar el control gremial a Carlos Moreira, el hermano en el SNTE de los exgobernadores Rubén y Humberto.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ