Las razones de la Revolución Mexicana están bajo asedio por la mal llamada izquierda mexicana. El resultado más relevante de la esta lucha armada —la Constitución— está a un paso de quedar como letra muerta por la acción de López Obrador y su movimiento. La intención del Presidente no es modificar ni cambiar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino tirarla a la basura.
El logro más importante de los actores principales del movimiento revolucionario fue concluir en el Congreso Constituyente y la redacción, votación y aprobación de la primera Constitución con sentido social en el siglo XX. Después de la mexicana, vinieron las revoluciones en Rusia, con una constitución representativa del Estado socialista, la revolución china y, en América Latina, las revoluciones de Bolivia (1952) y la cubana (1959). Han habido otros intentos de realizar revoluciones, pero lo que marca la diferencia histórica entre revoluciones duraderas y fugaces es si son capaces de confirmar un nuevo pacto social y político gobernante incluyente con la aprobación de una nueva Constitución perdurable.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima obra y resultado de la revolución. Encarna un acuerdo entre fuerzas con ideas diferentes y dispares acerca de cómo debería constituirse el nuevo Estado nacional. El equilibrio entre centralismo y federalismo es un debate que viene desde el siglo XIX, y representaba siempre uno de los puntos divisorios entre grupos liberales y conservadores. Todas las Constituciones previas dejaban en la ambigüedad el debate, mientras resolvían otros temas, como la relación Estado-Iglesia o entre construir una monarquía o una república.
Pero es imposible entender los procesos de cambio políticos, sociales y, crucialmente, económicos sin que se cristalicen en un nuevo orden jurídico. Es por eso que la Constitución es un sujeto tan importante. Una Constitución es la expresión de un acuerdo sobre los consensos en la sociedad, amplios o limitados, entre los grupos de opinión y poder.
Desde que arribó al poder, López Obrador ha estado actuando en contra de la Constitución. Hace que su mayoría legislativa apruebe leyes que están en franca rebeldía de la Constitución y contradicen su letra. Es decir, aprueban leyes que niegan la Constitución. Cuando las medidas legislativas que aprueba la mayoría morenista y que contradicen o van en contra del contenido constitucional, se niega a aceptar las impugnaciones legales de la oposición que cuestionan esas votaciones que dejan como letra muerta a la Carta Magna. Todo lo que tenga que ver con el sector energético, con la militarización y la Guardia Nacional y, ahora, con el INE va en contra de la Constitución e, incluso, contra el T-MEC. No le importa violentar la letra escrita y aprobada de la ley.
Pero, al mismo tiempo, es incapaz de producir la propuesta de una nueva Constitución. Y esto es así porque en realidad carece de un proyecto de nación. Lo que lo mueve es la maniobra para aferrarse al poder e enquistar a los suyos en puestos de dominio para controlar el poder y utilizar el erario público como un bien privado. Por ello sus tres prioridades son: primero, controlar el sector energético, porque requiere de una bolsa de dinero libre y sin límites para los gastos que implica sostenerse a él y su equipo en el poder.
Segundo, ejercer el control sobre las armas del país, complaciendo al Ejército, corrompiendo y dando de regalo la Guardia Nacional como bolsa presupuestal adicional y estamento armado de seguridad pública. Y tercero, el control total de las elecciones para así evitar la alternancia en el país y, por cierto, también eliminar la rendición de cuentas sobre los gastos de sus obras faraónicas, como el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA.
El caso de su Plan B con relación al INE es básicamente para debilitar al órgano electoral a tal grado que sea incapaz de poner orden en la elección presidencial de 2024. Considera que puede ganar la contienda si la vigilancia legal es débil o, preferentemente, inexistente. Desde ahora es obvio que la ilegalidad será la conducta preferida del partido oficial. Sus precandidatos desacatan la ley todos los días, y dejan la ley escondida en un cajón. Intimidan a los actores tradicionales que deberían actuar como garantes del ejercicio de la ley.
Peor: AMLO busca dejar a la Constitución como una ley más, sin dientes ni validez. La deja como letra muerta. Esa Constitución que fue producida por una revolución, misma que conmemoramos hoy, y que produjo un consenso entre las facciones revolucionarias lo suficientemente sólido como para avanzar 112 años desde su aprobación y sigue siendo vigente. Ese es el acuerdo y esa es la vigencia que López Obrador quiere tirar a la basura, al mismo tiempo que no tiene alternativa alguna de Estado, sino maniobras político-burocráticas para mantenerse en el poder más allá del fin de su sexenio.
Destruye el Estado de derecho, y mantiene a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como sus rehenes, unos cooptados y otros chantajeados y amenazados. La visión de AMLO es que prefiere un país sin Constitución-esto es, sin acuerdos básicos de convivencia entre sus actores relevantes-para mejor controlar la situación, ya sea de la mano de militares sumisos y corrompidos o de la mano del narco y su entrecruce de los intereses de ellos con los suyos.
Con el desconocimiento que hace AMLO del Estado constitucional mexicano destruye el máximo logro del movimiento revolucionario de 1910 y del Congreso Constituyente de 1917. Si fuera por el Presidente, la revolución quedaría como un “bonito” recuerdo de algo que fue, y que ya no es. Porque no cree en la construcción de acuerdos, sino en la teoría del caos para mantenerse en el poder.
Y que la revolución sea una simple efeméride.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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MAAZ