Las mujeres se han convertido en las mayores agentes de cambio en este país. Todo indica que son ellas quienes representarán la vuelta al camino de la transición democrática y de la transformación civilizatoria de México. El cambio social, de actitudes, de tolerancia y reconocimiento de la diferencia es promovido por ellas.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, en el país residían 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4 por ciento tenían al menos un hijo nacido vivo, es decir, son madres (35.2 millones).
De este total, 7.1 por ciento son hablantes de lengua indígena (2.5 millones). En total, hoy existen 15.8 millones de madres trabajadoras, que representan 73 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país. De acuerdo con el Inegi, la cantidad de mujeres en esta situación había crecido 25 por ciento tan sólo entre 2010 y 2018. A raíz de la pandemia, una cantidad importante de mujeres se han visto obligadas a dejar sus empleos, pues el Inegi estima que al menos 1.7 millones de ellas dejó de trabajar durante 2020.
La evidencia más clara de este fenómeno —de acuerdo con el Imco— es que la brecha salarial entre hombres y mujeres se cerró durante la pandemia, hasta alcanzar un 11 por ciento. A pesar de su relevancia poblacional, la actual administración ha tratado a las mujeres con desdén y, en especial, a las madres trabajadoras.
Los encargados de la política pública del actual gobierno —incluso si tuvieran las mejores intenciones, pero con cero planeación y pericia gerencial— han erradicado programas que propiciaban que las mujeres se incorporaran y permanecieran en el mercado laboral, siendo beneficiarias de mayor bienestar, salud, educación y mejores ingresos; me refiero al Seguro Popular, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
Las estancias, por ejemplo, han sido intercambiadas por un sistema de transferencias directas de recursos. Ahora, las madres trabajadoras engrosan las filas de clientelas electorales. Por ejemplo, en lugar de una estancia podrían —de acuerdo con el portal del gobierno de México— recibir mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de entre un año y dos años. Pero, a diferencia de otros apoyos universales, éste tiene el alcance más limitado y difícilmente es suficiente para atender la demanda y necesidades de una población fundamental para la economía.
De hecho, se ha generado una marcada animadversión de las mujeres y madres trabajadoras con el Movimiento de Regeneración Nacional y con el actual gobierno. De acuerdo con la encuesta realizada en febrero por el profesor Alejandro Moreno, las mujeres de 18 a 29 años expresaron un nivel de aprobación al Presidente de 43 por ciento y una desaprobación de 52 por ciento. Se trata del grupo etario más crítico de la gestión del Presidente y de sus ocurrencias en materia de políticas públicas.
Otras encuestas como la de GEA-ISA muestran que mas de 70 por ciento de los encuestados desaprueba el extinción del Seguro Popular, y más de 60 por ciento condena la eliminación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. El próximo año habrá elecciones en dos estados y serán plebiscitarias sobre la gestión de los cuatro primeros años del obradorato.
Y la peor evaluación reside en quienes han visto más afectados sus derechos y menos respetadas sus legítimas demandas por igualdad. Es el tiempo de las mujeres: las contiendas electorales por los próximos dos años serán entre mujeres y para mujeres. Los candidatos o candidatas que no centren sus campañas en ellas estarán lejos del éxito.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1
MAAZ