Por despegar una ilegalidad más. Un nuevo despropósito que a los contribuyentes nos costará millones de pesos y que ayudará a que la degradación en materia de seguridad aérea en el país continúe.
Voló la idea desde las oficinas militares hasta Palacio Nacional, y de ahí a San Lázaro, donde Morena presentó una iniciativa para que la Sedena pueda obtener concesiones para operar líneas aéreas comerciales. Poco importa que los convenios internacionales no lo permitan. La iniciativa “aterrizará” para su discusión en el pleno y, con eso, modificar la legislación nacional que hasta ahora también impide lo antes descrito.
Razones varias y poderosas hay detrás de convenios internacionales para no permitir el control, al unísono, de aeropuertos y aerolíneas (recordemos que el Ejército mexicano administra el AIFA y también ahora tiene la dirección del aeropuerto internacional de la Ciudad de México). Sumémosle que a nivel internacional está terminantemente prohibido que los militares (de cualquier país) sean dueños y administradores de una aerolínea civil.
Pareciera ya lo de menos que, desde mayo del año pasado, México perdió la “categoría 1” de seguridad aérea. Los fallos muestran la falta de personal capacitado, instrumental insuficiente y obsoleto, corrupción e indolencia. Lo que es más, de las 28 deficiencias iniciales detectadas en 2021, ahora la suma asciende a 39 a raíz de la última revisión internacional técnica. Con la disparatada propuesta que aquí comento, las faltas solo se incrementarán. El desacierto ya calienta motores.
Ahora bien, sobre el personal que se debería tener para mantener operando la línea aérea del verde olivo, hay diversas propuestas. Los 616 sobrecargos liquidados de diversas aerolíneas durante la pandemia han alzado la mano para formar parte del personal de esta nueva compañía. ¿No serán suficientes los oficiales y miembros de la Guardia Nacional con los que ya cuenta la Sedena?
Respecto a los pilotos. Supongo que serían los que se han formado en la Marina y el Ejército, aunque cabe el temor de que se cuelen los que la propia Sedena identifica (vía GuacamayaLeaks), y que son —ya van nueve— exmilitares que al parecer han tenido vínculos con el crimen organizado. Uno de ellos “realiza actividades de trasiego de droga vía aérea para el Cártel Jalisco Nueva Generación” según un reporte interno de la dependencia de febrero de 2020. Con esos antecedentes, ¿están seguros de que los civiles querríamos volar en aeronaves tripuladas por pilotos militares? No sé, tal vez los vuelos se anuncien como una experiencia única donde el pasajero también pueda participar en el trasiego de drogas, en aterrizajes en pistas clandestinas, en despegues sin autorización, en aparatos que transportan carga ilegal o contrabando de combustibles. No es imaginación mía, son parte de las irregularidades señaladas por el mismo ejército en el reporte “Resultados de inteligencia aérea” hackeado por GuacamayaLeaks.
Al respecto de las aeronaves, existe la muy convenientemente formulada propuesta (presentada, además, en el momento preciso) del Sindicato de Interjet de que la Sedena adquiera las de la quebrada aerolínea. Sería una compra con dinero obtenido de los impuestos de los mexicanos o por medio de la adquisición de deuda soberana. Lo terminaremos pagando todos de una forma u otra. Son aviones que tienen la peculiaridad (una chulada) de que su mantenimiento resultó particularmente elevado. ¡Viva la austeridad republicana en los aviones de mi compadre!
Pero lo más patético de todo no es lo que describí anteriormente. Es, en cambio que, mismo empeñándose en llevar a cabo la propuesta militar-cuatroteísta, ello no ayudará a hacer que el AIFA despegue de una buena vez. No señores, no será el suficiente flujo de aviones, de pasaje ni de vuelos.
El AIFA no solo no genera ingresos ni los generará, nos costó además su construcción —mucho más de lo que se había programado— y ahora requiere de subsidios que ascienden a más de 2,000 millones de pesos al año.
La aerolínea del “Gansito Militar Cansado” se complace en informar a los pasajeros que podrán comprar sus boletos más baratos, pero que en realidad los pagaremos mucho muy caros todos —los que contribuimos con nuestros impuestos, esto es—. Y que si bien su autorización y puesta en marcha es para compensar el monumental fracaso del AIFA, la fórmula no cuadra. En temas aeronáuticos, las ocurrencias de la 4T tienen los precios por las nubes. El despegue, vuelo y aterrizaje de la propuesta se llevará miles de millones de pesos del erario público; las utilidades cacareadas, esas nunca llegarán.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
MAAZ