Las condiciones son propicias para que, en las próximas semanas, toda la estructura que manejó la política social del gobierno lopezobradorista durante los primeros tres años de gobierno sea relevada.
Y es que, la designación de Ariadna Montiel como nueva titular de la Secretaría de Bienestar, finalmente alineó el interés de renovación con Carlos Torres, el coordinador General de Programas de Desarrollo, quien no lograba lidiar con las remóras que le heredó su antecesor en el cargo, Gabriel García Hernández, debido en parte a la pasividad del ya exsecretario, Javier May.
Como se sabe, el paso de García Hernández por la estructura territorial del gobierno fue desastroza: sólo por el ejercicio presupuestal 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indentificó que había miles de beneficiarios fantasma o beneficiarios que no cumplían requisitos; corrupción, desvío de recursos, violación sitemática de la ley y los reglamentos. Faltan 2020 y 2021.
ASF al margen, la lista sigue: trato abusivo y despidos de “Servidores de la Nación”, especialmente aquellos que denunciaban corrupción; operaciones confusas entre gobierno y partido; intento de privatizar la estructura de los programas sociales mediante acuerdos ilegales con los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, que a la postre se suspendieron.
Despedido del gobierno la última semana de junio, García Hernández se fue al Senado para detentar un paso fugaz en lo que le identificaron otros movimientos anómalos, como el uso de información y datos personales de millones de beneficiarios de programas sociales, para integrar, a través de su alfil Alejandro Peña, quien está a cargo de los “Comités de Defensa de la 4T”, el uso político de los padrones gubernamentales.
La preocupación surgió desde julio, cuando en el gobierno se identificó que García Hernández seguía con acceso a la base de datos conocida como Sider y que esta podia estarse usando para inetgrar el sistema para el nuevo padrón de Morena, conocido como Sirena, un asunto que al iniciar noviembre provocó un fuerte desaguisado en el Consejo Nacional de ese partido.
Fue el discurso de Paco Ignacio Taibo II en aquel consejo, así como las posteriores expresiones de John Ackerman quien acusó la creación de una estructura paralela, y la impugnación que hiciera la secretaria de Organización, Xóchitl Nashielly Zagal, ante el Tribunal Electoral, lo que disparó la alarma de lo que ya Carlos Torres venía anticipando.
Tres días antes del Consejo Nacional, el dirigente de Morena Mario Delgado, anunció que enivaba a Gabriel García como delegado a Oaxaca, pero al día siguiente, la mañana del 27 de octubre, el presidente López Obrador lo designó para hacerse cargo de un programa regional en la Laguna. El objetivo: dejarlo fuera de cualquier operación dentro del partido.
Para entonces, Carlos Torres había iniciado la limpia en la superdelegaciones. El primero en salir fue el de Puebla, Rodrigo Abdala, sobrino político de Manuel Bartlett quien metió el hombro para que fuera llevado como jefe de la Unidad de Planeación a Bienestar, cuyo antecesor, Camilo Oviedo fue despedido por su cercanía a Gabriel, lo mismo que su brazo derecho en la dependencia, Francisco de la Huerta.
Siguió el despido de Guillermo Polanco, el superdelegado en Nayarit, cuya trayectoria se limita a ser el repartidor de periódicos Regeneración en las asambleas que organizaba Gabriel. Con la guadaña afilada, Torres continuó con Jaime Montes, el superdelegado de Sinaloa; luego, Aldo Ruiz, el de Aguascalientes y, finalmente, José Ramón Gómez Leal, el de Tamaulipas, actual dirigente de Morena en ese estado y para mejores señas, cuñado del gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Y es que otros de los despedidos gabrielistas se acomodaron en Morena: la exdelegada capitalina Cristina Cruz, secretaria de Ideales, Valores Morales, Espirituales y Cívicos (no es broma, así se llama el cargo), del comité nacional.
Al despido de Gabriel García, a finales de junio de 2021, a los superdelegados se les dijo que serían evaluados. Hoy, la orden es dar salida a la mayoría, empezando por aquellos que ya tienen expedientes abiertos por lo escandaloso de su desempeño. Se salvarán cinco.
En el caso de los superdelegados aun en funciones se contempla la partida de Edgar Morales, de Durango; Armando Zazueta, de Jalisco; y Katya Meave, de Campeche, aliada de Gabriel García pero parte del grupo político de Emiliano Calderón “El Bicho” que opera la estrategia digital nacional.
También estarían por salir: José Antonio Aguilar, superdelegado en Chiapas al que se imputa la perdida de 38 millones de pesos en el asalto de una avioneta en plataforma; Roberto Pantoja, de Michoacán, quien fue chofer de Gabriel García; Mauricio Hernández, de Guanajuato.
Y, finalmente, están aquellos sobre los que pesa el estigma de la traición: Reyes Flores, acusado por el senador morenista Armando Guadiana de operar en contra en la pasada elección de Coahuila; Judith Ruiz, de Nuevo León, señalada por Clara Luz Flores de jugarle las contras; y Manuel Huerta, la piedra en el zapato de Cuitláhuac García, en Veracruz.
Con lo realizado por Carlos Torres, la llegada de Montiel cierra la pinza sobre el gabrielismo que antes la bloqueó, conflictuó y le usurpó funciones. Tienen la idea de limpiar la estructura aunque prevalece la duda, más allá de la defenestración, sobre la posición que asumirá la nueva secrearia respecto a las viejas auditorías e investigaciones.
Por: Arturo Rodríguez García
COLABORADOR HERALDO RADIO
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