En marzo de 2009, Óscar Moreno Villatoro fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, por su presunta participación en protección a integrantes de la delincuencia organizada. Hoy, 12 años después, aparece como Administrador Central de Control y Seguridad Institucional del SAT, con un sueldo bruto mensual de 133 mil 785 pesos. Con base en quejas de integrantes del gobierno federal, archivos y expedientes, Moreno Villatoro ha ocupado diversos puestos vinculados con tareas de seguridad, pero en varios de ellos, concluyó con malos antecedentes.
En noviembre de 2007 asumió la dirección de Aeropuertos y Fronteras de la División Regional en la SSPF y, cinco años después, en 2012, ocupó la dirección de Seguridad Pública en el municipio de Nezahualcóyotl. También desempeñó diversas tareas en el área antisecuestros de la PGR (2013) y otras tantas en la División de Inteligencia de la Policía Federal, de 2014 a 2016, área a la que renunció por malos manejos con la seguridad en el Penal del Altiplano. Con todo y todo, en 2018 llegó como director de Averiguaciones previas de la Fepade.
Y, al arranque de este gobierno, fue nombrado jefe del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un reporte de la Policía Federal, emitido en julio de 2019, derivado de irregularidades detectadas en centros de readaptación, este personaje utilizó sus vínculos con despachos, abogados y consultorías para favorecer y representar a personas privadas de su libertad (PPLs) de “alto perfil criminal”.
A pesar de todos esos antecedentes y los que datan de 2007, en la mañanera del pasado 18 de agosto, el presidente López Obrador pidió investigarlo, pero lo identificó como excolaborador de García Luna. Hoy, en una simple búsqueda en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, aparece como funcionario del SAT, tema que ha generado preocupación hasta en el círculo más cercano a AMLO.
Pero no es el único caso, en diciembre de 2020 Juan Díaz Mazadiego fue separado de la dirección de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía por presuntos vínculos con traficantes y contrabandistas. En su momento, el jefe del Ejecutivo dijo que éste, como otros, eran casos de “servidores públicos” del pasado incrustados en la 4T. Lo que sorprende, sin embargo, es que ya vamos a mitad del sexenio y sigue apareciendo basura bajo la alfombra. Esta administración es tan igual que las anteriores. No hay control de calidad, sistema ni mecanismos para acabar con el cáncer de la corrupción entre sus funcionarios, una de las causas por las que millones de mexicanos votaron hace tres años.
••• Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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