Fue apenas la semana pasada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, ahí, nos recalcó en reiteradas ocasiones que la transformación prometida se encuentra en marcha, y por supuesto, tampoco perdió oportunidad para repetir que se trabaja por desterrar los vicios y las prácticas deshonestas del pasado.
No obstante, todo indica que aún hay atisbos de desobediencia en su administración, particularmente entre las proveedoras gubernamentales. Una de ellas sería Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., compañía que se encargaba del aseo en el hogar del máximo mandatario durante el año pasado, y que por cierto, fue expuesta por anotar como domicilio un departamento en Iztacalco.
Así, aunque la empresa ya se ha posicionado en el ojo del huracán, ahora vuelve a atraer las miradas, lo comento porque al tener acceso a su registro obrero patronal llama la atención que únicamente haya 135 colaboradores listados; en contraste, al realizar un conteo de los empleados que deberían estar en operaciones por los acuerdos firmados con recursos públicos, resulta que tendrían que estar inscritos poco más de 700.
El desfase al realizar la comparación es alarmante, por lo que no estaría de más que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, revise el tema sobre todo al considerar que los afanadores del país son precisamente uno de los sectores que se han mantenido inamovibles en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
Aunado a ello, tampoco puede ignorarse que Decoaro y Supervisión le debe al organismo un millón 294 mil pesos por adeudos referentes al pago de cuotas, mientras tanto, los contratos vigentes representan un monto total que supera los 54 millones 098 mil pesos, por lo que nos encontraríamos ante una de esas empresas voraces que nada agradan al líder del Ejecutivo.
Actualmente, los contratos más grandes se encuentran vigentes en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde el equipo de Raquel Buenrostro le asignó la limpia de las instalaciones al norte de la República; pero también destacan otros, como el obtenido en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de Marcelo Ebrard; el Centro de Investigación en Química Aplicada, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, entre otros.
VA POR BENEFICIARIOS FINALES
Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, ya se están perfilando las políticas y estrategias para acabar con actos de corrupción y lavado de dinero, en particular están en el proceso de identificación de beneficiarios finales.
Es decir, México desarrolló con Reino Unido un par de estrategias para dar con los beneficiarios finales, son las personas que finalmente reciben un recurso ilegal, se quedan el dinero de actos ilícitos o buscan no pagar impuestos.
Es el beneficiario final, el que muchas veces también -reconoce la UIF- va a una tienda de conveniencia a cobrar un dinero, porque ha sido presionado por grupos delictivos para ir por él, y ya los han identificado y los agarran como trampolín porque detrás de ellos son delincuentes organizados que conocen del funcionamiento del sistema financiero.
Pero México, como parte de los siete países que conforman el Grupo de Liderazgo sobre transparencia de Beneficiario Final (BOLG, por sus siglas en inglés) que tiene el objetivo de contar con un registro público a más tardar en 2023, ya ha puesto la carne en el asador sobre este tema.
De hecho, Santiago Nieto les dijo a los morenistas en el Senado de la República que no va a descansar sobre esto, pues les pide que les dé todas las herramientas legales para que puedan identificarlos; así un beneficiario final para la UIF es aquella persona que en última instancia controla y se beneficia de una entidad jurídica y del ingreso que ésta puede generar.
En el caso de las empresas, se refiere a cualquier individuo que controla un determinado porcentaje de las acciones que le permite incidir en la toma de decisiones de la misma, aun cuando lo haga a través de otra empresa o instrumento financiero.
Lo que si es real es que no hay mucho tiempo; para 2023 ya debe haber un registro sobre el tema, México debe demostrar que avanzó en el cumplimiento de los estándares internacionales respecto al beneficiario final de personas y estructuras jurídicas establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). En ese camino estamos.
POR ENGGE CHAVARRÍA
PERIODISTA
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