Hace más de 50 años nuestro país se posicionaba en la vanguardia del concierto internacional mediante el Tratado de Tlatelolco. Uno de los pilares históricos de la diplomacia mexicana, sustentado en la no proliferación de armas y el desarme para fortalecer la seguridad internacional.
Actualmente, los retos que comprende la seguridad nacional e internacional tienen otros matices y líneas de acción en las que tenemos que trabajar conjuntamente. En el ámbito nacional, nuestra vecindad con Estados Unidos significa un reto mayúsculo, dadas las asimetrías por condiciones sociales, comerciales y económicas. A lo que se suma una frontera megadiversa de más de tres mil kilómetros, que han posibilitado que la delincuencia organizada encuentre terreno fértil para el tráfico de drogas, armas y personas, entre otros.
Los efectos de la violencia en México han alcanzado cifras históricas en los últimos 15 años, causadas por decisiones y estrategias políticas erradas. En el escenario bilateral hay diversos puntos de inflexión, tales como la terminación de la Prohibición Federal de Armas de Asalto, en 2004, en Estados Unidos. Esto significó el principio de una ola de violencia armada sin precedentes en nuestro país. Ejemplo de ello es el aumento, entre 2015 y 2019, de 123% de los homicidios dolosos con arma de fuego. A lo cual también contribuyó la desarticulada estrategia contra los cárteles en la llamada “guerra contra el narco”, que promedia más de 30 mil muertes anuales desde entonces.
Otros episodios polémicos han sido las operaciones conjuntas de trasiego controlado de armas, así como la falta de coordinación entre agencias estadounidenses y mexicanas contra los “ríos de acero” que penetran en nuestro país y tienen la capacidad de reabastecer a la delincuencia organizada cada 15 a 20 días. A nuestro país cruza diariamente desde Estados Unidos un promedio de 630 armas, resultando en que los homicidios por arma de fuego sean la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 44 años en México.
Con base en estas consideraciones, en 2019 presenté ante el Senado de la República una iniciativa de ley, con el objetivo de que se considere como amenaza a la Seguridad Nacional el tráfico ilícito de armas. La reforma presentada adiciona el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional con miras a salvaguardar nuestra soberanía y seguridad.
La presente administración ha priorizado el combate al tráfico ilícito de armas en diferentes frentes, sin embargo, los resultados no son los deseados. Se requieren medidas y acciones contundentes. Una de ellas es la actualización de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 1972. Con este proyecto se busca reducir la incidencia de homicidios con armas, mitigar el tráfico ilícito y fortalecer las capacidades institucionales dirigidas al control de transferencias y desvío de armas de fuego en nuestro país. De lograr su aprobación, sería altamente benéfico para el país y ayudaría a reposicionar a México en la vanguardia internacional en la materia.
Hoy celebro que el Gobierno de México emprenda acciones legales concretas para reclamar la reparación del daño y, sobre todo, para evitar que las armas que se fabrican en Estados Unidos derramen sangre en suelo mexicano.
Por Bertha Caraveo Camarena
Senadora de la República
@CaraveoBertha
dza