Los decesos no cesan. Oficialmente tenemos 241,936 muertos por covid y 2,880,409 contagios. Con otros números también oficiales, la cifra de muertes se eleva a casi medio millón de personas.
Los números en México son apabullantes a nivel mundial. Ocupamos uno de los primeros deshonrosos lugares en total de muertes productos la pandemia (la cuarta posición según la OMS); estamos considerados el peor país para vivir durante esta crisis (clasificación de Bloomberg de entre 53 naciones). Estos datos tienen un impacto en la vida de los deudos.
México ocupa el tercer lugar en el mundo en niños huérfanos en términos absolutos también como resultado del covid (según The Lancet). Por lo cual, los pretextos no solo sobran, son también una cachetada para todas las familias que han tenido que empeñar sus ahorros y algunos hasta sus hogares, para poder tratar a sus enfermos.
Pero no solo frente a la pandemia. Hemos sido testigos de marchas y manifestaciones, tanto de adultos como de menores, que requieren medicinas oncológicas para sobrevivir. Estas las proveía anteriormente el gobierno para todo el sector público, ahora escasean.
La última protesta se realizó frente a Palacio Nacional hace apenas un par de días. Los manifestantes pidieron, exigieron, pruebas de que se habían comprado los medicamentos ya que estos simplemente siguen sin llegar a quienes más las necesitan.
El desabasto de medicinas impactó a los enfermos oncológicos, pero también a los pacientes en general. Desde los crónicos hasta los que, de forma temporal, requerían algún tipo de fármacos, material o tratamientos.
Hemos escuchado el galimatías donde se culpa a los laboratorios médicos del país, a la mafia, a la corrupción; y con base en ello se ha dado una sucesión de viajes del canciller para comprar lo que hace falta. Una épica que ha resultado en tragedia, producto de la gestión gubernamental federal, para los miles de pacientes que han sufrido (o muerto) por la falta de los insumos mínimos que requerían para hacer frente a sus padecimientos.
Sabemos que el gobierno ha tenido recursos suficientes para comprar lo requerido y que fue la “reinvención” del mercado de medicinas lo que ha provocado desequilibrios y cuellos de botella. Ante el fracaso, se culpó a los laboratorios y a su “poder mundial”, mas los resultados quedaron enterrados junto a los pacientes que murieron y no podían esperar a que llegaran los tratamientos.
Pero dejar a las personas sin fármacos, no es un ahorro como recientemente dijo el titular de la Secretaría de Salud. Nunca debe verse en esos términos y él tendría que ser el primero en conocer de ello. Son costos, en cambio; unos que se pagan en vidas o en pésimas condiciones de recuperación para todos.
Combatir la no probada —al menos no públicamente— corrupción a costa de personas que ya no pueden reclamar sus medicinas, no es ahorro. Es la peor forma de aplicar la máxima ‘el fin justifica los medios’, donde estos últimos se miden en muertos. En ese sentido, que se diga abiertamente que diferir las compras por demasiado tiempo, resultando en que los demandantes ya no puedan protestar, también constituye un “ahorro”; uno contabilizado en muchos lotes de fármacos que tristemente ya no serán necesarios.
El gobierno presume con fanfarrias que ha finalmente iniciado la distribución de los medicamentos recientemente adquiridos. Sigue sin entender que el proceso para arribar a este supuestamente nuevo estado ha dejado a personas fallecidas o afectadas de por vida. Los miles de muertos se apilan por enfermedades que eran tratables. Eso no es ahorro, es desidia y constituye un crimen.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
PAL