En días recientes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) elaboró un reporte con análisis técnicos, así como objetivos para concientizar a la población de la problemática y efectos del cambio climático, y así dar pauta a los gobiernos del mundo para la toma de decisiones.
Generalmente, ante la publicación de este tipo de reportes, la discusión se reduce a qué medidas de mitigación debemos tomar sobre el poco o nulo esfuerzo para frenar la emergencia climática; en pocas ocasiones se analiza si nos encontramos preparados para enfrentar sus consecuencias, como sequías, inundaciones, e incremento de temperatura.
Frente a la problemática que aqueja a las sociedades en los últimos años, algunos gobiernos a nivel mundial han buscado soluciones para paliar las afectaciones económicas y recuperar la “normalidad” en el menor tiempo posible. Por ejemplo, en México durante las administraciones federales anteriores, se abordó desde un punto de vista financiero y de riesgo mediante la asignación de recursos públicos para atención de desastres naturales, a través del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y los bonos de catástrofe (CAT); mediante esta política pública se buscaba resarcir los daños por desastres naturales a poblaciones afectadas.
Pero, la intensidad, frecuencia y magnitud de los fenómenos naturales y por ende los daños ocasionados, así como su exponencial crecimiento y los limitados recursos de los gobiernos, nos obliga a la sociedad a encontrar acciones complementarias para reducir el riesgo de pérdidas de vidas, impactos económicos, deterioros al medio ambiente y afectaciones sociales. Una solución: el desarrollo de “infraestructura resiliente”.
La Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal) ha definido la resiliencia como: “capacidad que tiene un sistema de pasar por un proceso de cambio —en general por una perturbación— mientras mantiene sus funcionalidades esenciales.” Así, la infraestructura resiliente es aquella que fue conceptualizada y desarrollada considerando las posibles modificaciones a las condiciones climáticas para lograr obras con capacidad de adaptarse a los cambios sin que comprometa la finalidad para la que fue construida.
En México, la mayoría de la infraestructura desarrollada en las pasadas administraciones y en el presente año no garantiza que, ante un desastre natural, la utilidad y funcionalidad del inmueble afectado se mantenga. Algunos ejemplos de servicios comprometidos por no contar con este esquema:
-La inundación a finales de 2020 que afectó a Tabasco por lluvias atípicas comprometiendo el sistema estatal de salud.
-El mes pasado, las líneas 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México se vieron obligadas a suspender, al menos un par de horas, el servicio de los trenes por filtraciones de agua.
Para mitigar los riesgos inherentes a los efectos hidrometereológicos por el calentamiento global, los gobiernos federal, estatal y municipal deben —respetando la esfera de competencias— establecer bases para el desarrollo de una infraestructura resiliente.
Es fundamental considerar como parte esencial, en la etapa de planeación, en los proyectos de infraestructura, las características que permitan una mayor solidez y durabilidad, siendo relevantes también los costos. Como una muestra de la necesidad de iniciar a la brevedad con infraestructura resiliente, es la publicación de El Heraldo de México, el 13 de agosto de 2021, por Gerardo Suárez, que refiere al reporte publicado por el IPCC; señala que si la temperatura en el mundo alcanza un cambio de 1.5 grados, ocurrirán cuatro veces más eventos de calor extremo, 1.5 veces más precipitaciones intensas, y dos veces más sequías.
Otra experta citada, Claudia Octaviano, coordinadora de Mitigación de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), puntualiza que, de existir un aumento de dos grados, habrá 5.6 veces más episodios extremos de calor, 1.7 más de lluvias y 2.4 veces más de sequías. En ambos escenarios, el aumento de la temperatura se estima entre 2030 y 2040.
Sería oportuno que el gobierno federal analice si la infraestructura existente en el sector hidroeléctrico cuenta con la capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático. Apostar por una generación eléctrica “limpia” sin ser resiliente y ante el escenario de mayores sequías (2.4 veces más a las actuales), conforme a lo externado por los expertos, resultaría en proyectos de infraestructura técnica y económicamente fallidos, sin olvidar las afectaciones por la falla en el suministro de esta energía.
Por Ernesto Beltrán Nishizaki
Asociado de Galtec Asesores
@ernesto_bn
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