El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de visibilizar el número de víctimas de este delito e impulsar los procesos de búsqueda e impartición de justicia.
En México, la cifra de personas no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), asciende a 91 mil 327, por lo que representa un problema grave que afecta no sólo a las víctimas y a sus familiares, sino a las comunidades de las cuales son parte, así como a la sociedad en su conjunto.
Cabe destacar que existe una distinción característica de la desaparición forzada, que es ser perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, lo que lo convierte en un delito diverso al secuestro o a cualquier otra forma de privación de la libertad, cometida sin la intervención de personas servidoras públicas.
En este sentido, la desaparición forzada ha estado ligada a dictaduras militares, a actos terroristas, a guerras y a disputas al interior de las fronteras de los países. El nuevo gobierno creó un pacto con la sociedad, para no utilizar a las fuerzas del Estado contra la población, como se hiciera en México durante la guerra sucia, entre los años sesenta y ochenta.
Entre algunos cambios importantes en la materia, se destaca la expedición de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; también el reconocimiento, por parte de México, de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción, o en nombre de ellas; y la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
En 2019, en Zacatecas se creó la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, para investigar e impartir justicia en estos casos, así como para administrar el protocolo Alba y la Alerta Amber. Sin embargo, durante aquel año fueron reportadas 389 personas desaparecidas en la entidad, y para 2020 el número aumentó a 581, por lo que los esfuerzos por prevenir este ilícito deben redoblarse, sobre todo si se toma en cuenta su vínculo con el crimen organizado, con la trata de personas y con el secuestro.
Casos como el de José Nicanor Araiza Dávila, quien fue privado de la vida el pasado julio en Villa de Cos, luego de años de buscar a su hijo, también desaparecido en 2018, nos deben alertar de la importancia de proteger a activistas y a familiares de personas desaparecidas, así como atender sus reclamos, para realizar investigaciones más profesionales y abatir la casi absoluta impunidad que priva en los más de dos mil casos que existen en la entidad, de los cuales 32 por ciento corresponde a víctimas mujeres y 68 por ciento a hombres.
POR DAVID MONREAL
COLABORADOR
@DAVIDMONREALA
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