Estamos a casi tres meses de ocurridos los comicios electorales intermedios, la llamada “elección más grande de la historia de México” por la cantidad de cargos que estuvieron en juego el pasado 6 de junio. Sin embargo estas elecciones también fueron veladas por la violencia política ejercida, llegando a tener casi mil agresiones durante todo el proceso electoral, con más de cien asesinatos, 36 de ellos a candidatos y con fuerte presencia del crimen organizado en todo el territorio nacional, según los datos de la consultora Etellekt.
Ante estos acontecimientos múltiples voces señalaron con preocupación los agravios sufridos por las y los candidatos afectados, equipos de campaña, partidos políticos (siendo el MC el más afectado), la sociedad sufragante y la misma democracia mexicana. Columnas como la de Héctor De Mauleón, titulada “El día en que el Cártel de Sinaloa se robó la elección” en El Universal o señalamientos directos vía Twitter como “sé lo que hicieron el verano pasado” realizados por Lilly Téllez, ceñían más el velo de unas elecciones enrarecidas.
En este sentido y ya con actas escrutadas, procesos de entrega-recepción en ayuntamientos y gobiernos estatales y a tan solo unos días de iniciar la nueva legislatura, los presidentes de los partidos de oposición, Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) emprendieron un viaje a Washington a la sede oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verse con el secretario general, Luis Almagro y con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para entregarle una denuncia de los hechos ocurridos durante las elecciones en nuestro país.
En dicha carta se señalaron cuatro agravantes: la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral; el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores; el hostigamiento permanente del gobierno federal en contra del INE y el Tribunal Electoral y; por último, la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir de lo que está ocurriendo con el gobierno. Estas acusaciones servirán para sentar un antecedente ante este organismo internacional y, de resultar investigadas y, posteriormente, comprobadas, resultarían una campanada para la continuidad del proyecto cuatroteísta.
Sin embargo, como ha caracterizado la comunicación de este gobierno, el presidente salió a decir en su conferencia matutina que: “Si la OEA lo decide, que vengan. Están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar que no se confundan, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni de cuello blanco”, no sin su también característico amague en contra de la oposición, mencionando que “están desesperados [...] les hace falta un líder opositor para derrocarnos”.
Así pues, mientras siguen los dimes y diretes entre gobierno y oposición, la sociedad y democracia mexicana siguen sufriendo por la inseguridad y la imbricación del crimen organizado en la arena política. Todas y todos los mexicanos debemos hacer un alto en el camino para reflexionar acerca del país que queremos y necesitamos. Procesos electorales como los vividos en junio no deben volver a ocurrir, por el bien de nuestro país y de nuestra sociedad.
POR ADRIANA SARUR
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