La división de Poderes en México, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene su marco jurídico en la Constitución de 1917 y su sentido lógico es el sistema de pesos y contrapesos en la vida pública del Estado mexicano, un deber ser en la vida democrática de cualquier nación. Sin embargo, el contexto y una variedad de factores particulares impiden que esta relación de de Poderes sea equitativa debido a la misma génesis del país y como causa es la preponderancia del Ejecutivo como algo común en la historia política de nuestro Estado. Acerquemos la lupa.
La características de la conformación del “México moderno” posterior a la Revolución son muy particulares: presidencialismo exacerbado; partido hegemónico, disciplinado y vertical; corporativismo de Estado. En palabras llanas, el funcionamiento político mexicano estaba basado en la voluntad de un solo hombre, respaldado por (en ese momento) la única institución fuerte: -el partidazo-, es decir, gobierno y partido funcionando como uno mismo, legisladores realizaban la puesta en escena que el presidente deseaba y un precario marco jurídico, donde las reformas a la Constitución era cosa menor.
Posteriormente, en la llamada “transición mexicana”, en 1978 los cambios políticos -emanados de los sociales y una mayor interacción con el sistema internacional-, modificaron las estructuras que caracterizaban al “antiguo” régimen. Una oposición mejor institucionalizada y con mayor fuerza hacía que los procesos democráticos comenzaran a visualizarse. Luego llegarían a San Lázaro un crisol de legisladores que materializaron un contrapeso real a los designios emanados desde Los Pinos. Con la alternancia partidista en la presidencia de la república dejamos atrás el régimen de la “dictadura perfecta”, pero ¿cambió el Poder Judicial?
Lamentablemente conocemos la respuesta. El Poder Judicial sigue siendo “la pata coja” del sistema de gobierno mexicano, pues sigue arrastrando con el lastre del viejo régimen y, aunque han habido intentos por mejorar, esto no se ha manifestado de manera palpable. Sigue siendo una realidad en el imaginario colectivo mexicano que y según estudios del think tank CIDAC “el poder Judicial no ha desempeñado sus funciones políticas esenciales en la división de poderes, ya que más que un poder autónomo y capaz de sujetar a los otros poderes bajo el imperio de la ley, ha quedado explícita o implícitamente subordinado al poder Ejecutivo”.
Así, después de este somero resumen histórico, hoy constatamos que en la actualidad no solo no hay mejoras importantes al Poder Judicial, sino que desde Palacio Nacional se intenta vulnerar su autonomía. Las constantes amenazas a jueces que otorgaron los amparos a la Ley de la Industria Eléctrica y posteriormente a la de hidrocarburos, la llamada “Ley Zaldívar” o los constantes hostigamientos a jueces y magistrados representan un botón de muestra y un retroceso en la construcción de un Poder Judicial a la altura de nuestro país.
López Obrador tiene razón cuando dice: “Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema, vamos al litigio [...]”. Sin embargo el fortalecimiento institucional no se puede realizar con base en un constante descrédito, ni con la intromisión a la autonomía de este Poder y mucho menos cambiando la Constitución a contentillo del mandatario, al contrario, se debe de dotar de mayor presupuesto, autonomía, controles de confianza y un gran etcétera. También es verdad que se requieren muchas reformas de fondo al Poder Judicial en todos los niveles, pero estas deberán ser con total imparcialidad y transparencia.
POR ADRIANA SARUR
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