Distintas voces de Estados Unidos han expresados sus puntos de vista sobre la nueva política energética de México, respecto a lo que nos atañe, nos referiremos a la misiva que envió un grupo de congresistas del Capitolio al inquilino de la Casa Blanca solicitando intervención para dirimir algunos temas que consideran inciden sobre los intereses de los inversionistas estadounidenses.
Con relación a las objeciones que plantean, habría que recordar que en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se estableció respetar el derecho soberano de los países de reformar su Constitución y legislación interna en materia energética.
Los canales diplomáticos e institucionales entre México y Estados Unidos en el marco del T-MEC están operando plenamente para dirimir cualquier controversia; ejemplo de ello son las reuniones donde han abordado el tema energético, sostenidas por Tatiana Clouthier, titular de economía de México, y Katherine Tai, representante comercial de EU.
Sobre los puntos expresados en la citada carta por los senadores Ted Cruz, John Cornyn, James M. Inhofe y otros miembros del Congreso, vale la pena anteponerles una recapitulación de los argumentos en defensa de las reformas mexicanas en materia energética.
Los congresistas del país vecino han acusado que las reformas energéticas eliminan la competencia, aumenta las emisiones de CO2, favorecen indebidamente a la CFE y Pemex, afectando a los inversionistas estadounidenses. Ante esto, debemos ser claros: no se puede continuar subsidiando en México a los privados extranjeros y nacionales con recursos que van de los 90 a 120 mil mdp por año; y tampoco, que los hogares mexicanos paguen 2.3 pesos por el consumo de 510 kilowatt, mientras que grandes corporaciones paguen un peso.
Para ello, la Ley Eléctrica tiene como propósito acabar con las condiciones de inequidad en que se puso a competir a la CFE, cuyas centrales de energía limpia producen 41% de generación.
Mientras que la Ley de Hidrocarburos, está enfocada a que los permisionarios cumplan con la capacidad de almacenamiento y las disposiciones en materia de cantidad, calidad y medición; además establece medidas para erradicar el contrabando de combustible; y concluye la regulación asimétrica al haberse logrado la inclusión de nuevos participantes privados en el mercado. A los privados extranjeros inconformes con estas reformas se les garantizó derecho al amparo.
Así como el Congreso de EU defiende los intereses de su país, también los mexicanos tenemos derecho de defender los nuestros, respaldando la política energética del presidente López Obrador, por lo tanto, desde el Congreso de la Unión estamos atentos para colaborar con sus esfuerzos para garantizar la seguridad y soberanía energética de México.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
@MANUEL_RDGN
DZA