En una nueva señal de las complicaciones en la relación entre México y Estados Unidos, un grupo bipartisano de legisladores estadounidenses pidió la intervención de su gobierno para buscar cambios en la política energética de México, que consideran como negativa para sus intereses.
Para los legisladores, se trata de potenciales violaciones al Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
No es un tema nuevo. Hace un año, algunos legisladores estadounidenses de Texas, que firmaron también la carta actual, hicieron una petición similar al entonces presidente Donald Trump.
Así pues, no es la primera vez y probablemente tampoco será la última. La relación comercial es en general una de las más contenciosas entre dos países, como pueden atestiguar los canadienses. En el caso mexicano, se complica por razones ideológicas y los intereses fronterizos afectados.
Las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad han sido en detrimento de empresas extranjeras, en general; estadounidenses en particular, y de intereses texanos en concreto.
No es un secreto que las aspiraciones del gobierno López Obrador en términos de independencia energética chocaron desde un principio con las tendencias de libre comercio y de inversión abierta de los gobiernos anteriores y, por tanto, con los beneficiarios mexicanos y extranjeros de esos cambios.
Pero eso implica también un golpe a la creciente integración energética de los dos países y la dependencia mexicana del gas natural importado de Estados Unidos.
Y desde ese punto de vista, también a la idea de crear una región norteamericana integral que sea competitiva en el mundo como unidad económica y productiva. La idea del gobierno mexicano es reducir una dependencia que cuesta más de siete mil millones de dólares anuales al país, mientras sus exportaciones de petróleo y gas natural han ido a la baja.
Pero para críticos del gobierno mexicano o para los intereses afectados se trata de una reversión en las tendencias de los últimos 30 años, pero más complicado aún, de una tendencia estatizante que confirma la insistencia a desconocer acuerdos internacionales.
En qué medida afecte la relación bilateral está por verse. En una relación tan amplia, los gobiernos no son los únicos actores y hay ciertamente participación de intereses privados, que frecuentemente piden la protección de su gobierno, pero no necesariamente siguen sus lineamientos.
Y bajo cualquier perspectiva, no es conveniente que el gobierno mexicano sea percibido como un socio desconfiable, con su correspondiente impacto negativo en la relación de comercio y de inversión, por lo regular de intereses privados extranjeros.
El problema, como antes, está en su posible impacto en otros aspectos de la relación.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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