Por más que Megacable quiso cerrar la semana pasada con un tono triunfalista, lo cierto es que la reciente decisión del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al declararlo con poder sustancial en televisión de paga le arruinó la fiesta.
El anuncio que hizo la firma, que comanda Enrique Yamuni, en el sentido de que planeaba extender su red a efecto de constituirse en un operador con presencia nacional va a tener que esperar una mejor ocasión.
Era natural que esto ocurriera; en realidad la decisión llega tarde, porque desde hace más de año y medio –cuando alcanzó un acuerdo con la empresa Axtel, que le permitió captar más de 50 mil suscriptores y la totalidad de la red de fibra óptica en Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, Puebla y Querétaro–, ya daba indicios de que había incrementado de manera notable su participación de mercado.
Así, la autoridad investigadora del propio IFT que revisó ese convenio adelantó mediante un dictamen preliminar que Megacable aumentó su presencia en esas ciudades en donde ya de por sí ejercía su dominio.
No obstante, el órgano regulador –más allá de ese dictamen– continuó con su indagatoria y encontró otras señales inquietantes, relacionadas con prácticas anticompetitivas, que eran también motivo de preocupación, porque se podía poner en entredicho al sector en su conjunto.
Y es que Megacable, en una actitud completamente desleal hacia sus suscriptores, los obligaba a contratar el servicio de banda ancha fija junto con el de televisión de paga, lo cual colocaba a sus usuarios en una situación de indefensión, ya que los ataban a contratar dos servicios a la vez, sin que tuvieran la opción de elegir al operador de su preferencia.
Por ello, hizo bien el IFT en actuar y anteponer el interés de los consumidores.
LA RUTA DEL DINERO
Nada, que la llegada de Luis Bertand Rubio como nuevo director general de Interjet apunta más a una intención de los actuales dueños, la familia Del Valle, para cerrar la aerolínea, que para ponerla en operación. Primero, porque no hay inversionistas interesados en una empresa que carga con una deuda con acreedores, entre ellas el SAT, por mil 250 millones de dólares. Segundo, porque no tiene aeronaves para volar y la renta de los equipos requeriría depósitos en garantía para su operación. Y porque gran parte de los trabajadores de Interjet, que incluye a los más especializados y con más experiencia, como pilotos y técnicos de mantenimiento, ya han sido contratados por otras aerolíneas nacionales o extranjeras. Añada que más allá de la crisis sanitaria, la gestión de Bertand por el aeropuerto de Toluca tampoco dejó buenas cuentas. No logró consolidar ningún plan comercial para reposicionarlo como una opción para las aerolíneas, como es la intención de la 4T, por lo que se devaluó, evitando que se lograra la venta del 49 por ciento que aún posee la empresa Aleática.
POR ROGELIO VARELA
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