Todos tenemos una idea, aunque sea vaga, de lo que significa la ley. Conocemos que, como miembros de una sociedad, nuestra libertad no es absoluta.
Hay límites que debemos observar en nuestra conducta diaria y rebasarlos implica una sanción.
Apropiarse de los bienes de otro sin su consentimiento o invadir su propiedad, atentar contra la integridad física o emocional de alguien y dejar de pagar los impuestos establecidos por el gobierno, son ejemplos de conductas que se deben sancionar para garantizar el bien común.
El Diccionario del español de México entiende por “ley” la regla o norma general que establece una autoridad para guiar y limitar la acción y el comportamiento de los miembros de una sociedad de acuerdo con los fines generales de ésta. Y como nuestra acción en la sociedad se despliega en numerosos ámbitos, precisamente, contamos con leyes específicas para cada uno de ellos: para regular la movilidad, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, los procesos electorales y un largo etcétera.
Nuestra Ley Suprema, como sabemos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También los tratados internacionales suscritos por México son parte integrante del derecho nacional, junto con las leyes secundarias (que desarrollan de forma general los preceptos constitucionales) y los reglamentos (que definen de forma concreta cómo se materializará una ley).
Se trata de un entramado complejo, difícilmente accesible a los ciudadanos ordinarios, que es materia de estudio de los profesionales dedicados al derecho, mejor conocidos como abogados.
Más aún, los abogados también se especializan en áreas específicas, ante la imposibilidad de dominar todo el orden jurídico de nuestra nación.
Seguramente todos hemos tenido la mala experiencia de tratar con abogados. Y no lo digo en sentido peyorativo, pese a la fama que suele acompañar a los profesionales de este gremio. Verse en la necesidad de solicitar asesoría para interpretar, aplicar y ejecutar la ley implica que en algún aspecto de nuestra vida existe un conflicto.
¿Cómo encontrar al abogado ideal para nosotros? ¿Cómo saber si su opinión es acertada? Sólo hay un camino: informarnos. Tener una idea, al menos general, del orden jurídico vigente en México y de sus continuas reformas nos puede orientar.
Con este objetivo —analizar los temas de vanguardia desde una perspectiva legal— es que se publica en México, desde marzo de 2021, la revista Abogacía. La voz y la pluma de los juristas, un espacio para el debate y el análisis sobre esas guías de acción que constituyen las leyes, donde profesionales de diferentes disciplinas transmiten, con un lenguaje claro, información, opiniones y experiencias de los temas de mayor relevancia e interés nacional, motivando a la sociedad a adentrarse en los rubros legales que aunque puedan parecer ajenos, en realidad nos conciernen a todos. Desde aquí extendemos una invitación a los lectores a acercarse, sin temor, al mundo del derecho.
LUIS ARTURO PELAYO
DIRECTOR EDITORIAL DE LA REVISTA ABOGACÍA. LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS
MAAZ