Es importante reconocer que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de las instancias federales que tienen a su cargo la seguridad pública, ha emprendido una efectiva estrategia en contra de grupos delincuenciales que, durante años, generaron inmensas pérdidas a la Hacienda Pública, lo que a su vez se ha traducido en una merma relevante en los recursos disponibles del gobierno para atender problemáticas estructurales como la pobreza y, por consiguiente, en una afectación a los ciudadanos, particularmente los más desfavorecidos.
Primero, se concentró en combatir con éxito la extracción ilegal de combustibles; posteriormente, se han enfocado en detener el fenómeno del huachicol carretero, a través del eficaz programa “Caseta Segura”. Dos ejemplos de cómo el uso recurrente de la violencia y de medios contrarios a la Ley, por parte de organizaciones criminales, han puesto en riesgo la operación de importantes sectores económicos nacionales.
Como hemos puntualizado en este espacio, la toma de casetas representó, en 2019 y 2020, pérdidas mayores a siete mil millones de pesos. Estas cifras han sido corroboradas por funcionarios de primer nivel como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. Sin embargo, también hemos señalado que el verdadero impacto negativo de este delito tendría que incluir las pérdidas generadas por los costos logísticos en los que incurren empresas y transportistas, además de las afectaciones para usuarios particulares, en términos de daños a sus bienes.
A esta situación, se le suma un fenómeno relativamente nuevo y que se reproduce en toda la República, aunque con mayor fuerza en entidades como Estado de México y Sonora. Me refiero a la evasión del pago de peaje. Este acto, sí bien es tan sútil que incluso podría considerase como robo hormiga, genera pérdidas anuales de millones de pesos al erario. Es una situación que se agrava, a tal grado que resulta común que, quienes la promueven, suelen hacerlo a través de redes sociales como Facebook o YouTube, en donde publican videos con tutoriales de esta ilegalidad. Esta situación debería ser tipificada como apología del delito.
Para la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), y otros operadores de autopistas de cuota, resulta prioritario dar más visibilidad a esta problemática, en un momento en donde México requiere de mayores recursos presupuestales para el beneficio de la sociedad.
Citando al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que incluye como una de sus metas “poder ser capaces de aumentar el bienestar, conectividad y sobre todo la seguridad de usuarios de infraestructura carretera”, nos resulta necesario replicar la estupenda coordinación lograda con los distintos órdenes de gobierno en la atención del huachicolcarretero, que derivó en una significativa reducción de tomas de caseta en el presente año, y en la recuperación de la operación normal en plazas de cobro que permanecieron bajo el control de agrupaciones delictivas durante varios meses.
Desde nuestro punto de vista, poner fin a la evasión de peajes tiene que adquirir el mismo nivel de prioridad, para el Estado mexicano y operadores de vías de comunicación, que se le ha otorgado al huachicol carretero. No sólo porque sería una clara señal de combate a la impunidad y a quienes la promueven, sino también como un acto en favor de mejorar la seguridad de los usuarios de la red carretera y de quienes trabajan en ella. El pernicioso acto de evadir peajes, como un derivado de la toma de casetas, afecta igualmente las finanzas públicas y, por consiguiente, a los ciudadanos, particularmente aquellos que se ven beneficiados con los programas sociales.
Es importante que esta conducta ilegal, que cada día se normaliza más, sea desincentivada a la brevedad. Impedir y sancionar la evasión de peajes es una acción en favor del bienestar de la sociedad. Como hemos expresado, cuando un usuario de las vías de comunicación cubre la cuota de peaje correspondiente, no sólo paga por traslados más seguros, sino que permite que más y mejor infraestructura siga desarrollándose.
En la AMCIV estamos seguros de que la buena coordinación con las autoridades nos permitirá atender esta creciente problemática de la misma forma en la que hemos logrado contener el huachicol carretero. De igual forma, continuaremos la ruta del Estado de Derecho e instrumentando soluciones tecnológicas que combatan este delito en un contexto de mayor seguridad vial.
Desde nuestra perspectiva, estamos aún a tiempo de desterrar este problema. Más vale prevenir, que lamentar…
POR MARCO FRÍAS
Director general de la AMCIV, A.C.
@AMCIV
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