En 1992 se celebró la llamada “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, Brasil. En ella se fijaron, por primera vez, una serie de objetivos con el fin de mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. Desde entonces, han pasado 29 años en los que las emisiones no han hecho más que aumentar.
En años recientes, se ha desplegado una gran campaña de concientización sobre el cambio climático, que tiene como eje principal un llamado a realizar acciones individuales que van desde usar el transporte público con mayor frecuencia hasta cambiar los hábitos de consumo en favor de alternativas sustentables. Sin embargo, los hechos muestran que hay cierta inocencia en creer que la suma de voluntades particulares basta para enfrentar una de las principales amenazas globales de nuestro siglo.
Si bien estas recomendaciones tienen como propósito reducir la huella de carbono de las personas, lo cierto es que la crisis ambiental es un problema que no puede atenderse con esfuerzos aislados. Sobre todo, teniendo en cuenta que son grandes conglomerados y países –como China, Estados Unidos o Rusia; industrias o empresas altamente contaminantes–, quienes cargan con la mayor responsabilidad.
En este contexto, debemos ser realistas: sólo la acción concertada de los grandes actores políticos y económicos puede frenar esta crisis. La respuesta a semejante desafío pasa necesariamente por los Estados nacionales, porque en el fondo se trata de garantizar los derechos de las personas a la salud, a un medio ambiente sano y al desarrollo; pero también porque son los Estados quienes tienen la capacidad de regular a los sectores productivos, estableciendo sanciones e incentivos para que las empresas contaminen cada vez menos, sin sacrificar su competitividad.
Más aun, al ser un desafío que ningún país puede resolver por sí mismo, la respuesta supone la cooperación entre ellos: si alentar los esfuerzos individuales aislados es ingenuo, alentar esfuerzos estatales descoordinados es francamente irresponsable. La cooperación climática internacional debe entonces impulsar acuerdos concretos, equitativos y, sobre todo, universales.
Mañana culmina la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP-26). En el marco de esta cumbre, la Climate Action Network –una red de alrededor de 1,300 organizaciones que luchan contra el cambio climático en todo el mundo– otorgó a México el segundo lugar del premio “Fósil del día”: una forma de llamar la atención sobre los gobiernos que no hacen lo suficiente para cumplir las metas y los compromisos pactados en materia ambiental.
Nuestro país tiene un gran pendiente, pero también una gran ventaja: el debate sobre el cambio climático no es un asunto polémico, como sí ocurre en otros países (en un estudio de la Universidad de Yale, más del 90% de las personas encuestadas en México afirmó estar convencida de que el cambio climático es una “amenaza urgente”). Se trata de una agenda que no cruza, en principio, líneas ideológicas o partidistas. En otras palabras: no hay razones para no desplegar, desde el Estado, acciones contundentes para mitigar el daño ambiental.
Hoy el Estado mexicano está ante un momento de definición en torno a la crisis climática. No bastan los discursos aislados, ni los compromisos a medias. Es la última llamada y nos corresponde atenderla.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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