Los resultados de las elecciones del año 2018 obedecen en gran medida al hartazgo de la gente hacia los partidos políticos, los gobiernos y la propuesta de la opción política que basó su campaña en el combate a la corrupción y los gastos excesivos dentro de la administración pública. López Obrador mencionó en repetidas ocasiones que la corrupción se combate de igual manera que se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Es decir, con base en el ejemplo de dirigentes honestos -haciendo una especie de cascada- la corrupción se puede eliminar.
¿En realidad la erradicación de esta problemática endémica en nuestro país se puede solucionar de esta manera? La respuesta es no, no solamente así. Claro que requerimos que nuestra clase política, así como las y los servidores públicos sean un ejemplo de honestidad para toda la sociedad, pero también se necesita fortalecer nuestras instituciones, implementación de -candados anticorrupción-, un sistema de incentivos para las y los miembros de la burocracia (en el sentido weberiano), erradicar la impunidad y, por supuesto, una cultura que permé a toda la ciudadanía, pues dicha “escalera” es solo una pequeña fotografía de la cadena de corrupción.
La percepción que tenemos de la corrupción se basan en aquellos actos magnánimos, como lo sucedido con Odebrecht en toda Latinoamérica, la casa blanca, la estafa maestra o el “señor de las ligas”; pero también existe la pequeña corrupción (también conocida como corrupción de ventanilla) realizada por la sociedad para “agilizar un trámite”, para condonar una infracción de tránsito, para evitar una multa -por diferente índole- en pequeños negocios o las famosas “mordidas” en comercios informales. Según datos del Inegi a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, las personas víctimas de corrupción aumentaron de 12 a 16 por cada 100 mil habitantes en el periodo de 2013 y 2019.
Asimismo, los costos multidimensionales de la corrupción son muy altos en nuestro país y estos abarcan los ámbitos económicos, políticos y sociales. Menor inversión de entre 5 y 8 por ciento, un 5 % de pérdidas de ventas anuales, 43 mil millones de pesos y casi 50 mil empleos perdidos a causa de la piratería son algunas cifras producidas por la corrupción, mismas que impactan en el PIB en un 2 por ciento. Los costos políticos conllevan a una insatisfacción con la democracia y a una crisis de representación, pues 91 % de los mexicanos no confían en los partidos políticos, un 83 % en los legisladores, 90 % no cree en la policía y un 80 por ciento, no confía en el Poder Judicial.
Así pues, en la actualidad de nuestro país podemos observar que falta mucho por hacer para combatir a la corrupción. Erradicar la impunidad en estos actos, perseguir de oficio los delitos de corrupción, involucramiento activo de la sociedad civil en leyes anticorrupción, capacitación permanente al funcionariado y a partidos políticos, el fortalecimiento del marco institucional, modificación en la economía política del país, impulsar un sistema de transparencia y rendición de cuentas, implementar la cultura de la denuncia, así como reducir la discrecionalidad en el gasto tendrían que ser algunas de las respuestas.
POR ADRIANA SARUR
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