La industria casinera le dio el espaldarazo al recién electo gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que se denuncie cualquier acto deshonesto y las extorsiones a las casas de apuestas. Asimismo, para la creación de una ley que evite acciones como las del gobierno predecesor, en donde no se permitía fumar en las salas. Algo que va en contra de la Ley Federal de Salud, que sí deja fumar en los casinos con algunas restricciones.
Y es que, a pesar de que Nuevo León representa menos del 9% de las salas instaladas en el país, en cuanto a tamaño del mercado representa más del 15% con sus más de 7 mil 500 máquinas instaladas y más de 28 mil empleos que dependen directamente de este sector, por lo que es un estado crucial para la recuperación de una industria que se las vio negras durante el confinamiento por el Covid-19.
Hoy, luego de que los 384 casinos repartidos en la República operan con cierta normalidad, el reto que tienen los casineros, representados en la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), que preside Miguel Ángel Ochoa; y en la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC), de Alfonso Pérez Lizaur, es lograr que el gobierno actualice una ley que sustituya la de 1947 que, en la actualidad, sigue rigiendo estas actividades.
Hoy en día esta responsabilidad corre a cargo de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), a cargo de Alma Itzel de Lira Castillo, y depende directamente de la Secretaría de Gobernación, de Adán Augusto López. Pero más allá de establecer un marco normativo actualizado que regule todo lo que tenga que ver con el otorgamiento de permisos, usos de suelo, supervisión y demás, lo que urge a estos empresarios es una homologación en el tema impositivo.
Y es que actualmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, recauda del sector casinero 30% de Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISPT); sumado a que Gobernación, a través de la DGJS, cobra otro 2% de aprovechamientos, sin mencionar que hay estados y municipios que piden diversos impuestos, desde licencias, permisos y usos de suelo, lo que convierte a este sector en la “caja chica” para muchos.
Así, la intención del gobierno es alentadora, pues en semanas anteriores publicó los “Lineamientos en materia de Juegos y Sorteos, y cualquier actividad en la que medien apuestas”, que viene a suplir temporalmente la ley vigente. Lo anterior tiene más que optimistas a los empresarios del sector que le siguen apostando a la recuperación de una industria que, tuvo en 2020 el peor de sus años en la historia, y que espera pronto volver a emplear a más de 50 mil personas de manera directa y 170 mil plazas indirectas.
GOLPE A LOS BOLSILLOS
Sin duda alguna el panorama económico se complica cada vez más a nivel generalizado con la canasta básica por los aires y las alzas proyectadas en la inflación, por lo que resulta extraño que, desde la Secretaría de Hacienda, al mando de Rogelio Ramírez de la O, preparen ajustes a la baja entorno a los “Precios de Referencia” con los que se establecen los costos mínimos y máximos del servicio de limpieza.
Así, hay que recordar que la dependencia elabora año con año un Contrato Marco para regir la adquisición del aseo a nivel federal, no obstante, en las últimas semanas se han filtrado documentos en los que se observa un nuevo tabulador con montos recortados alrededor del 15%. Por ejemplo, en la frontera el cálculo del costo del servicio por operario pasaría de 14 mil 388 pesos a 12 mil 805 pesos, mientras que en el resto del país la reducción sería de 10 mil 584 pesos a 8 mil 996 pesos.
El cambio aún no es oficial, pero hay alertas respecto a su próxima publicación en Compranet mediante un Convenio Modificatorio, lo que también pegará de manera directa en los sueldos de los miles de afanadores que ostentan este empleo.
EN EL APUNTE
Tampoco hay que perder de vista, las propuestas del Paquete Económico 2022, en donde se pretende poner en marcha el Régimen Simplificado de Confianza del SAT, que busca simplificar el pago de impuestos, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%.
Es decir, las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a este nuevo régimen. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.
Sin embargo, para la International Chamber of Commerce México (ICC México) bajo la tutela de Claus von Wobeser, explicó que esta propuesta atentan contra la justicia tributaria, sino que provocarán mayores cargas, limitarán las deducciones a los contribuyentes cautivos y permitirán la informalidad.
Mario Di Constanzo, exdiputado y ex presidente de la Condusef, denuncia que los asalariados contribuyen con el 47% de la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta (ISR); mientras que las personas físicas con actividad empresarial aportan sólo el 2.4%.
Expone incluso que si un asalariado que gana 30 mil pesos mensuales paga un ISR anual de 60 mil pesos. Una persona física con actividad empresarial, en el régimen de confianza, que gane lo mismo (30 mil mensuales ) pagará únicamente; 3,960 pesos anuales, por lo que la medida beneficia a la economía informal.
Ambos denuncian que se limitarán las deducciones a los contribuyentes cautivos y permitirán la informalidad. ¡Uff!
POR ENGGE CHAVARRÍA
PERIODISTA
@ENGGECHAVARRIA
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