Desde el punto de vista tradicional de la cultura jurídica se dice que los jueces hablan a través de sus sentencias. Un pendiente de la transparencia era la publicidad total de resoluciones, ya que se consideraba una facultad discrecional de los impartidores de justicia quienes decidían cuales son de “interés público” para hacerlas de conocimiento general con la debida eliminación de datos personales. Eso se acabó, ya que fue aprobada una reforma en la que el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece para la totalidad de los tribunales del país la obligación de hacer públicas sus sentencias. ¡Todas!
Un cambio radical que tiene diversos aspectos a considerar por parte del INAI, organismo autónomo presidido por Francisco Acuña Llamas, encargado de los temas de transparencia y acceso a la información a nivel nacional. La reforma fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de agosto. Ya corre el plazo de 180 días para su entrada en vigor, lo que significa un gran reto para los juzgados, tribunales federales y locales de las 32 entidades.
La apertura es muy positiva, sin embargo hay consideraciones que deben tomarse en cuenta por su impacto práctico.
Hay diferentes tipos de sentencias, algunas son interlocutorias, definen distintas etapas de un juicio que aún no concluye y otras que resolviendo el fondo de un asunto, no constituyen cosa juzgada, lo que implica que no son definitivas porque pueden ser apeladas en una instancia superior. Los fallos que no son cosa juzgada se dice que no han causado estado, esos también tendrán que publicarse. ¿Qué pasará cuando una resolución penal que puede ser apelada, declare una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, sea combatida en otra instancia que podría modificarla? Al publicarse se estaría generando una percepción que podría cambiar radicalmente, todo un tema de análisis en el que podrían afectarse garantías en materia civil, administrativa, mercantil, fiscal y un largo etcétera. Transparencia contra seguridad jurídica en el vértigo de la opinión pública y las redes sociales.
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EDICTOS
Con la exposición mediática del Presidente de la República durante 21 meses de conferencias diarias, el mensaje sobre su Segundo Informe de Gobierno pareció una mañanera más. Sin autocrítica, autocomplaciente y con las recriminaciones fieles a su estilo, ahora dirigidas a 2 invitados especiales ausentes, el ministro Arturo Zaldívar y Alejandro Gertz. “Invité al Fiscal General de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres” dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿La libertad es arrogancia? en la 4T, si. Zaldívar fue prudente al no participar del evento político, cae bien la sana distancia con el líder de un régimen al que satisface la sumisión de sus interlocutores.
[nota_relacionada id=1215481]POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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