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El feminismo y la 4T

Es evidente que las causas y demandas feministas no son una prioridad para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador

OPINIÓN

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Hablar de feminismo en México es un tema muy sensible y profundamente doloroso. Vivimos en un país en el que no sólo carecemos de una impartición de justicia efectiva en lo general y particular a la violencia de género, sino que sistemáticamente la sociedad mexicana está concebida de forma en que minimiza el rol de la mujer en todos los aspectos de la vida pública nacional.

Es evidente que las causas y demandas feministas no son una prioridad para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la realidad es que nunca ha demostrado ser partidario del movimiento, más allá de la paridad de género que estableció dentro de su gabinete, más como ardid electoral que como tal un instrumento de empoderamiento femenino en lo más alto de la cúpula del poder, ni la oportunidad de derivar en forma descendente políticas públicas que verdaderamente respondan al clamor y exigencias de más de la mitad de la población en México. 

El presidente está cayendo en una contradicción fundamental al enfocarse única y exclusivamente en una agenda en virtud de los desposeídos del país, encasillando todos los demás temas “incómodos” pendientes como grupos de interés, difamadores y distractores de lo que él considera prioritario dentro de su realidad. Una contradicción porque desde su campaña electoral el compromiso que le hizo a todos los mexicanos fue el de reconstruir el tejido social del país y la agenda feminista y la urgencia que representa trasciende las clases sociales, enfocándose primordialmente en el debate universal de la correlación desigual entre hombre y mujer.

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Desde su llegada a la administración del país, la cuarta transformación no ha sido capaz o no ha decidido ser ese agente cohesionador que encuentre temas comunes dentro de la sociedad y los colectivos feministas como, el feminicidio, o la impartición pronta y expedita de justicia real, sin revictimización ni parcialidad. Más bien se ha encargado de criminalizar y objetivar movilizaciones radicales de grupos feministas que deciden hacerse escuchar mediante la destrucción de la propiedad.

Es evidente que no hay una aceptación de la responsabilidad gubernamental que implica darle una respuesta al clamor de las exigencias de esas madres de niñas desaparecidas o de quienes son víctimas diarias de sus propias parejas y esto ocurre no sólo ante la indiferencia del presidente, sino del gabinete de mujeres que colaboran a diario con él.

El Ejecutivo en toda su extensión se enfoca en defender el proyecto del presidente, busca mujeres que defiendan ese “feminismo de sillón” que hacen mutis ante los recortes presupuestales a programas que trabajan en contra de la violencia de género o acompañan en el desgastante proceso que representa a una mujer su lucha contra el cáncer de mama, como lo hacen en el FUCAM, mientras que se repudia y criminaliza a quienes buscan hacer justicia por mano propia en las calles debido al mismo sistema históricamente inoperante.

Las víctimas de violencia son difamadas en cada oportunidad, cuando se les tilda de “opositoras” o ejecutoras de boicots cuando incomoda el desarrollo de sus proyectos prioritarios como son las rifas, los aeropuertos y los trenes en la selva. Mientras tanto, la desaparición de estancias infantiles afecta la vida laboral de millones y se niega que la violencia en contra de la mujer se haya incrementado durante el confinamiento consecuencia de la pandemia.

Lo que no se entiende es que las necesidades no cubiertas y el dolor de las mujeres es la toda una nación. Esa distinción se debe entender desde el núcleo de la familia hasta la silla presidencial si verdaderamente buscamos sociedades igualitarias y seguras. [nota_relacionada id=1257872]

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

hjc / rcb