Germán Martínez Cázares no es el tipo más simpático, pero es un hombre sin dobleces. Abogado y Senador de la República que, sin importar el membrete de su militancia, actúa conforme a sus convicciones. La consulta popular promovida desde Palacio Nacional para enjuiciar a los cinco últimos expresidentes es la más reciente muestra de su carácter.
Germán Martínez comunicó y fundamentó al Presidente de la Cámara de Senadores su abstención a participar en la votación para la Consulta Popular antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el asunto, porque no quiero esconder mis convicciones jurídicas.
Tiene la honestidad de recordar que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, pero no tengo, ni con aquel gobierno, ni con la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que también participé, ningún conflicto de interés. Es decir, está libre de compromisos políticos.
Como abogado que es, y como muchos coincidimos, considera que la justicia puede aplicarse sin ninguna tardanza, investigar y acusar, si hay elementos jurídicos, sin importar el cargo que ostenten o han ostentado.
Este escrito no busca proteger a nadie. Ni es dictado por nadie, asegura el senador Martínez. Agrega que tampoco pretende afectar la unidad de la bancada de Morena y apela al derecho a disentir. Aprovecha el momento para proponer la confección de una Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
Recuerda que en otros países solo ha sido posible enjuiciar a expresidentes mediante la creación de comisiones independientes que los investiguen y, en algunos casos, con la cooperación internacional. Por eso en días pasados, el Senador Ricardo Monreal Avila y yo, solicitamos integrar una Comisión con la finalidad de cooperar activamente con la Fiscalía General de la República, a efecto de procurar justicia, llamando a comparecer a personajes públicos y personas privadas.
En el documento de nueve páginas, Germán Martínez propone al Senado un Punto de Acuerdo para conformar una Comisión Especial para Investigar los Actos de Impunidad, Corrupción y Captura Privada del Estado Mexicano. Además, anexa un proyecto de decreto para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida diligencia Corportiva.
Esperemos que como resultado del circo mediático y legislativo para preguntarle al pueblo si se debe aplicar o no la ley a los expresidentes salga un mecanismo legal efectivo para evitar la impunidad y la corrupción. A ver.
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BON APPÉTIT
¡Corral es un falsario! Así calificó el presidente López Obrador al gobernador de Chihuahua. El conflicto por el agua de la presa La Boquilla aún está lejos de terminar. La batalla política ya inició, no tendrá tregua, y se prolongará hasta la elección de gobernador el año que entra. [nota_relacionada id=1245398]
POR ALEJANDRO CACHO
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