Independientemente de los argumentos y críticas que expresaron los 10 gobernadores que la semana pasada abandonaron la Conago para crear la Alianza Federalista, los observadores políticos reflexionan sobre el legítimo ejercicio de la oposición. Un sistema democrático moderno reconoce la primacía de las posiciones políticas mayoritarias, pero también está obligado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la oposición, que corresponden a las minorías de todas las tendencias.
En México, y en cualquier país pluripartidista, el concepto de oposición política se entiende y se aplica en forma general a las organizaciones que persiguen fines distintos y a veces contrapuestos a los que defienden quienes tienen el poder del Estado, o que son reconocidos institucionalmente como autoridades políticas.
No es ocioso en las actuales circunstancias que vive nuestro país, enfatizar el legítimo ejercicio de la oposición y destacar su imprescindible función como factor de equilibrio del poder, así como insistir en la necesidad de que las mayorías tengan una acción política debidamente limitada, acotada por las dinámicas de disenso propias del funcionamiento democrático.
Por ello, no está de más reiterar la importancia de la oposición como elemento básico de la democracia, sin el cual los gobiernos carecen de los necesarios y útiles contrapesos.
Nuestro país, como la mayoría de las democracias incipientes, transitó primero por una etapa de tolerancia, en la cual era de conocimiento público la existencia de posiciones divergentes de las gubernamentales, pero a las que no se les hacía ninguna concesión para ser reconocidas o tomadas en cuenta. Posteriormente, México evolucionó hacia la etapa de la legitimación, en la cual se reconocía de facto la existencia de grupos y organizaciones de oposición, a las que se les concedían ciertos espacios de acción, aunque de manera tácita y sin regulación alguna.
[nota_relacionada id= 1236433]Por último, la madurez democrática obligó a institucionalizar a la oposición, cuya existencia fue reconocida de manera legal y se le concedieron espacios de acción, así como de interlocución con el oficialismo y con quienes se ubican en la sociedad civil.
Así, la oposición pudo ejercer, por lo menos en teoría, dos funciones características: vigilar las acciones de gobierno desde posiciones legalmente reconocidas, y regular el funcionamiento de los mecanismos que tratan de garantizar la alternancia en el poder.
Por desgracia, los gobiernos federales de México, incluyendo al actual, han visto a la oposición como una amenaza; no le han permitido convertirse en instancia de consulta para el mejoramiento de los procesos políticos, y le han dificultado el acceso a todas las funciones y espacios institucionales a que tienen derecho. Las acciones contestatarias de la oposición que mantienen posiciones ideológicas para que se escuchen y se atiendan las demandas de las minorías no han logrado abatir las murallas de los gobiernos en turno, de manera que las voces discordantes están todavía lejos de formar parte activa de las agendas oficiales.
POR LUIS SOTO
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