En el Proceso Electoral 2020-2021 será el más grande de la historia en el que estarán en juego un total de 15 gubernaturas y 21 mil 368 cargos de elección, entre los que destacan 1,907 presidencias municipales y 16 alcaldías en la Ciudad de México.
Con la reciente publicación en abril de 2020 de las reformas constitucionales en materia de paridad (#ParidadEnTodo) y violencia política de género, será además una elección en donde la paridad de género se encontrará constitucionalmente garantizada en las candidaturas a todos los cargos de elección pública de los tres niveles, además que por primera vez, la violencia política de género queda conceptualizada en la normatividad electoral y tipificada como delito electoral, a través de 14 conductas penales, entre ellas, la difusión de propaganda difamatoria contra precandidatas y candidatas, y las amenazas para obligarlas a renunciar a sus candidaturas.
Sin embargo, el principal reto que continuarán afrontando las autoridades electorales para evitar que la violencia política de género incida en los resultados electorales, consistirá en acreditar no sólo las motivaciones políticas y de género de estas agresiones sino principalmente la participación de las personas responsables, sobre todo tratándose de militantes de partidos políticos y personas servidoras públicas que busquen anular las aspiraciones políticas de una mujer o incidir en los resultados de una elección a través de la violencia.
Desde mi punto de vista no basta con reconocer la condición de víctima de violencia política de género a una candidata para garantizar la justicia electoral, sin ampliar las investigaciones de las fiscalías General y de Delitos Electorales para dar con el paradero de las personas responsables y, en su caso, aplicarles las sanciones que correspondan, incluso esto podría derivar en la solicitud de juicios de procedencia contra autoridades electas que hayan obtenido su cargo por estos métodos violentos, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Los tiempos de la justicia electoral no pueden concluir con la declaración de validez de una elección.
La elección del próximo 6 de junio de 2021 está a la vuelta de la esquina, y el último precedente debe poner en alerta a las autoridades. En el Proceso Electoral 2017-2018, el Indicador de Violencia Política de Etellekt Consultores, registró un total de 231 actos de violencia en contra de precandidatas y candidatas de los tres niveles. El dato que revela el trasfondo político de estos ataques es que el 86% de las víctimas pertenecían a partidos de oposición a los gobiernos estatales y el 74% de las aspirantes afectadas perdieron en las urnas.
Existe además el gran reto de visibilizar este tipo de violencia, pues de estos 231 casos, en el 51% no fue posible identificar elementos de género, motivaciones políticas, y mucho menos a las personas agresoras. Aquí entraron las agresiones más violentas, entre ellas el asesinato de 7 candidatas. ¿Serán capaces las autoridades electorales, judiciales y gubernamentales, y la sociedad misma, de evitar que esta terrible historia se repita?
[nota_relacionada id=1179824]POR RUBÉN SALAZAR
DIRECTOR DE ETELLEKT
@ETELLEKT_
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