En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de decisiones de política pública que me parecen, por decir lo menos, desacertadas.
Tomando a Oaxaca como el ejemplo a seguir, proliferan las iniciativas para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico en diversos estados del país, dejando más vacíos que llenando huecos.
¿Por qué? Porque eso no es diseñar una política pública planeada que identifique en qué puntos reforzará el necesario combate a la obesidad. Mas bien suena a revancha y ocurrencia, y eso no ayuda, tal como la ley que prohíbe tener un salero en la mesa, pero en espacios permitidos es posible tener una cajetilla de cigarros.
Sigo sorprendida de las ocurrencias en el Congreso del Oaxaca en particular, ya que prohíben la compra de alimentos y bebidas a menores de edad en una entidad en la que sí es permitido casase o donar órganos desde los 14 años, pero que ni se les ocurra comprar una barra de granola.
Lo sorprendente ahora, es que Horacio Sosa, que encabeza a los diputados de Morena en esa entidad, van por un impuesto a todos los productos que tengan azúcar, esto además va a contribuir aniquilar a los ya castigados productores de cacao y chocolate.
Y es que de acuerdo con el estudio Industria del Cacao en México, elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, el cacao representa un importante generador de ingresos derivados de las exportaciones, empleo y bienestar en las zonas rurales, en donde pequeños agricultores generan cerca de 80 a 90% de la producción mundial. Para el caso de México existen alrededor de 45,000 productores.
Así es que más que hacedores de política pública estos legisladores parece que hacen ajustes de cuentas en contra del sector empresarial. Espero equivocarme, pero lamentablemente las cifras de diabetes y otras enfermedades serán las encargadas de desmentirme.
Cash
Le cuento que médicos y especialistas de la salud han hecho llegar a este espacio mensajes para hacer pública la falta de insumos y reactivos en cuanto al Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, encargado a Hemoser S.A. de C.V., mismos que significan retrasos de tal magnitud que se habría recurrido a la subrogación.
Es un llamado de alerta al titular del IMSS, Zoé Robledo, y a su equipo, pues el tema no es menor, ya que los atrasos en la instalación de equipos y entrega de insumos por parte de la firma que lleva de Ignacio Higareda, afectan directamente al diagnóstico de los pacientes, y más aún, si tomamos en cuenta que la empresa no solo tiene a su cargo los hospitales de la zona sur de la ciudad, también está bajo su cargo las pruebas de laboratorio de decenas de hospitales del IMSS en Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Morelos.
Ante esto, en el IMSS tendrían la lupa puesta en el actuar del Director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, quien hasta la fecha ha mostrado renuencia para revisar y en su caso sancionar a este proveedor, luego de que mediante el proceso LA-050GYR988-E7-2019 se llevara un contrato que va de los mil 275 millones 638 mil 493 pesos como monto mínimo, y un máximo de 3 mil 180 millones 916 mil 059 pesos. [nota_relacionada id=1194379]
POR MILÉN MÉRIDA
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irv / eadp