La tercera función del circo de varias pistas que organizó la 4T para que el ex director de Petróleos Mexicanos exhibiera a los funcionarios y políticos corruptos del sexenio pasado que recibieron cochupos, estuvo a cargo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien informó que Emilio Lozoya acusó a Enrique Peña y a Luis Videgaray de ordenarle repartir 120 millones de pesos a legisladores entre 2013 y 2014 para aprobar las reformas estructurales.
¿O sea que el “bendito Pacto por México”, como lo calificaron el dirigente panista Gustavo Madero y el perredista Jesús Zambrano --firmado el 2 de diciembre de 2012-- no sólo fue un tanque de oxígeno para prolongarle la vida a esos dos organismos políticos, sino que estuvo acompañado de alforjas de billetes? Preguntan los ingenuos. Pues según el fiscal, Lozoya presentó recibos y videos como pruebas de que repartió decenas de millones de pesos. Algo parecido a los videos del “señor de las ligas”, comenta el respetable.
En su oportunidad, los observadores políticos comentaron que con su incorporación al Pacto, Madero y Zambrano convirtieron el acuerdo en una moneda de cambio para presionar (¿chantajear?) al presidente de la República y al PRI, con amenazas políticas que tenían el objetivo de mostrar independencia frente al gobierno federal y así fortalecer los “liderazgos” maderista y zambranista. No hay que sorprenderse. Sería ingenuo suponer que los priistas encabezados por Peña Nieto hubiesen esperado que el Pacto resultara barato. El precio político y económico que el gobierno federal y el PRI pagaron por el Pacto por México, seguramente lo calcularon, señalaban los susodichos observadores.
Lo que nunca se imaginaron panistas, perredistas y priistas fue que ocho años después, uno de los integrantes de la “mafia del poder”, quien se encargó de repartir los cochupos a varios legisladores, iba a ser obligado – a cambio de no pisar la cárcel— a “soltar la sopa, y acusar directamente a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto de haberle dado instrucciones precisas de a quiénes había que “untarles la mano”, y de a cómo.
[nota_relacionada id= 1190696]El reformismo que arrancó en 2012 fue una decisión política en la que Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pusieron todas sus esperanzas para “Mover a México”, y también otras cositas. Por ello, ambos estuvieron dispuestos a realizar con los partidos de oposición todos los acuerdos que se requerían, y al precio que fuera necesario. Pero llegó la 4T, que está dispuesta a meter reversa a las principales reformas estructurales, incluyendo la energética, cueste lo que cueste, y a poner tras las rejas, o al menos exhibir ante la población a los promotores de estas y a quienes recibieron un beneficio económico.
POR LUIS SOTO
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