La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Exsome, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo de Cedric Escalante; la Cámara Nacional del Empresas de Consultoría (CNEC), que encabeza Marco Gutiérrez; el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), presidido por Luis Rojas, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que encabeza Eduardo Ramírez, están impulsando la incorporación de un Registro Único de Contratistas (RUC) a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
El RUC tiene como objetivo consolidar un registro digital único de los constructores y prestadores de servicios relacionados con la obra pública, con la finalidad de que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal validen información sobre las empresas que participen en las licitaciones públicas para la realización de obra pública y servicios relacionados con la misma.
Se pretende que el registro valide, por un lado, la información y documentación legal y administrativa de las empresas y, por el otro, la experiencia y especialidad de éstas, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional de asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
Con relación a la imparcialidad y honradez, el RUC sería una valiosa herramienta para evitar que se hiciera una evaluación subjetiva distinta para cada procedimiento de licitación pública, principalmente con respecto a la experiencia y especialidad de las personas y empresas, con la finalidad de obtener un certificado digital de participación que pudiera ser usado en todos los procedimientos de licitación. Con ello, se evitarían prácticas de evaluación imparciales y se prevendrían prácticas de corrupción.
Asimismo, con respecto a la economía, eficiencia y eficacia, el RUC sería una herramienta para evitar que se hiciera una evaluación individual de las personas y empresas cada vez que participen en procedimientos de licitación pública, con lo que se evitaría la duplicidad de trabajo y las horas hombre que implica, además de los muchos árboles que se pueden salvar por la cantidad de papel que se debe entregar en cada licitación.
Los participantes de la industria de la construcción y la consultoría se dieron a la tarea de democratizar la idea de implementar el RUC, por lo que llevaron a cabo una consulta a nivel nacional entre las empresas afiliadas y sus miembros adscritos. Para el caso de las empresas que prestan servicios relacionados con obra pública y que son afiliadas a la CNEC, respondieron la encuesta a más de 79 directores generales de las principales empresas, en las que colaboran 4,000 consultores.
El 83.5 por ciento de empresas encuestadas estuvo de acuerdo en la implementación del RUC. Inclusive la mayoría de las compañías consultadas (60 por ciento) consideró que el Registro debería ser obligatorio para participar en todos los procedimientos de licitación pública.
Con relación a los alcances del RUC, la mayoría de las firmas considera apropiado que no sólo valide la documentación legal y administrativa de las empresas (21 por ciento), sino que también evalúe y valide su experiencia y especialidad (81 por ciento).
Es de llamar la atención la apertura del sector privado para compartir información al RUC. Para la validación de información legal y administrativa, la totalidad de corporativos consultados está de acuerdo en compartir datos generales, y sólo unas cuantas empresas consideraron que no deberían compartir sus datos fiscales, domicilio, contacto, información notarial, etcétera (8 por ciento). [nota_relacionada id=1187256]
Con respecto a la validación de la experiencia y especialidad de personas y empresas, casi la totalidad de los consultados (94 por ciento) está de acuerdo en compartir información de los contratos en los que han participado.
Con relación a qué organismo debe llevar a cabo la validación de la información, las empresas tienen una opinión dividida, lo que genera una oportunidad para una colaboración Público-Privada. El 52 por ciento asegura que debe ser la SCT y 48 por ciento que debe ser un tercero independiente.
En conclusión, el RUC sería una valiosa herramienta que ayudaría a brindar mayor imparcialidad y honradez en los procedimientos de contratación pública y que agregaría economía, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos del Estado. También están sentadas las bases para que su desarrollo informático e implementación sea a través de una figura de colaboración público-privada. Ayúdanos a compartir. #RUC
*Con información de Noé Becerra, director de Comunicación Institucional de CNEC
POR MARCO GUTIÉRREZ HUERTA
PRESIDENTE DE LA CNEC
@CNEC_MEXICO
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