Es cierto, la justicia no debe ser cosa de astronomía ni supersticiones, pero seguramente varios en Palacio Nacional esbozaron una gran sonrisa al enterarse del nuevo giro que tomó el caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York agregó un cargo más a la acusación que había formulado en diciembre del año pasado en contra del exsecretario de Seguridad Pública y agregó a dos de sus más cercanos colaboradores: Luis Cárdenas Palomino, exjefe de seguridad regional y Ramón Eduardo Pequeño García, quien fue responsable de inteligencia de la Policía Federal. Según se lee en un documento de la Corte, un Gran Jurado acusa a los tres funcionarios de la administración calderonista de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, abusando de sus cargos públicos para no interferir contra los cargamentos de droga, proveer información sobre las acciones policiales en su contra, arrestar a rivales de otros cárteles y colocar oficiales corruptos en posiciones de poder en áreas controladas por los sinaloenses.
El nuevo cargo, que se colocó en la posición número uno de la acusación, se denomina “empresa criminal continua”, donde describen cómo desde enero de 2001, Genaro García Luna junto con los otros dos señalados, conformaron esa empresa criminal para controlar la distribución de sustancias, particularmente cocaína. Enumeran seis violaciones a las leyes de los Estados Unidos, las cuales son castigadas con un mínimo de 20 años de prisión y cadena perpetua como máxima pena.
Es aquí donde los expertos ven una jugada de la fiscalía neoyorquina para que García Luna se declare culpable y acepte cambiar su estatus de acusado a testigo colaborador, con lo que se convertiría en una invaluable fuente de información.
No es de extrañarse que, ante la buena relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se haya fraguado la manera de presionar al excolaborador de Felipe Calderón para que a final de cuentas coopere. De este lado de Río Bravo, la Unidad de Inteligencia Financiera ya puso de su parte, al presentar denuncias penales desde abril y además, congelar las cuentas de los tres acusados. De declararse culpable García Luna haría una implicación indirecta sí, débil quizá, pero muy conveniente de su exjefe. La sola mención de Felipe Calderón Hinojosa será de gran utilidad en los tiempos electorales que se avecinan. Sumados a Lozoya, Duarte, Rosario, et al… harán que el presidente presuma su lucha contra la corrupción.
CONTRASEÑA: En la 4T dan por hecho que aquellos funcionarios que deberían irse ya se fueron, como fue el caso de Javier Jiménez Espriú, quien renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora toca el turno de los ajustes que conviene hacer al presidente López Obrador de cara a las elecciones intermedias. Dando por hecho que Alfonso Durazo renunciará a la Secretaría de Seguridad para buscar la gubernatura de Sonora por Morena, se abre la necesidad de un reemplazo eficiente que ayude en abatir los índices de seguridad. No pocos ven en esa posición a Marcelo Ebrard.
[nota_relacionada id=1171740]POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
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