Las actuales medidas para rescatar la economía, hoy son medidas que enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres.” Zygmunt Bauman.
José Luis Camacho Acevedo
La aprobación de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE por parte de la Cámara de Diputados fue lograda gracias a la conciencia política de Mario Delgado, Juan Carlos Romero Hicks y René Juárez Cisneros.
Los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN y PRI sortearon las presiones que, hasta el último momento antes de la votación, les hicieron los “golpistas” encabezados por John Ackerman, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña.
La llegada de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jourdan, José Martín Faz y Uuc-kib Espadas Ancona se intentó descarrilar incluso por cabilderos con intereses privados que pretendían tener influencias claves en los personajes que se integraran al Consejo General del INE.
En el proceso electoral de 2021, que será el más grande de la historia de México en materia de comicios, por todos los cargos que se someterán a votación (300 elecciones directas de diputados federales, renovación de 28 congresos estatales, 29 estados de la república que renovarán sus ayuntamientos y 15 entidades en las que se renovarán las gubernaturas), sin duda que representa un apetecido botín para quienes se mueven, de muy variadas formas, buscando obtener espléndidas rebanas del gran pastel.
El resultado de la elección de consejeros del INE, en el corto plazo, representa una doble ganancia para la ciudadanía.
En principio existe la garantía de imparcialidad, tal y como se los pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fracasaron los intentos de los grupos y camarillas que tratan de medrar política y económicamente en un proceso cuyo destino debe ser, únicamente, lograr un pleno respeto de la voluntad popular.
Y lo anterior obliga por lo tanto a los partidos que ya tienen registro, como a las organizaciones que puedan obtenerlo de manera condicionada y que por lo tanto también participarán en las elecciones del 2021, a buscar los perfiles de candidatos que logren convencer a la ciudadanía de que sus intenciones son comprometidas con la solución de los problemas sociales que padecen sectores de la población muy numerosos, y que ahora están agravados por la presencia del Covid-19 y sus consecuencias económicas.
Las elecciones del 2021 ya están marcadas por las líneas de rezago económico y social que vivimos.
Además, están condicionadas tanto en su forma de desarrollarse por las limitaciones sanitarias como la disponibilidad de recursos que se verán estrictamente vigilados por las autoridades electorales.
En varios países de América Latina, como es el caso de Bolivia que vive una etapa de transición tras la caída de Evo Morales, se han levantado ya muchas voces que piden que el dinero que se gastará en las elecciones debe ser mejor destinado para atender la pandemia que tiene al borde de la muerte a muchos de los ciudadanos más desprotegidos.
AMLO logra pensiones dignas para los pobres
La reforma a las pensiones anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido recibida con beneplácito por una tácita unanimidad de los sectores involucrados en el tema.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín fue reconocido (superando las diferencias y distanciamientos que se habían dado entre el gobierno y la iniciativa privada) por el primer mandatario como uno de los factores claves para que esa reforma se lograra.
Era una condición lamentable e injusta que la gran mayoría de los jubilados en México sobreviviera con unas pensiones tan precarias.
Esa condición social de los jubilados era una bomba de tiempo, tanto social como económica para nuestro país.
Después de esta reforma, el trabajador promedio aumentará su pensión en un 40%.
El límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años y después va a ir subiendo paulatinamente.
Es decir, la propuesta de reforma responde a la necesidad de que una gran cantidad de trabajadores que están por retirarse puedan acceder a una pensión.
El especialista Daniel Urías explica:
“Lo que se busca es que a quienes ya están cerca de retirarse les bajen ese número de semanas de requisito para que sí puedan alcanzar una pensión. Ahora, esto va a ser gradual. Va a ir creciendo el número de semanas que te piden como mínimas de cotización. Conforme van sacando a las generaciones más grandes que ya están cerca del retiro, se van a ir sumando semanas hasta llegar a un total de mil semanas, que es un equivalente de 19 años.”
Se puede decir que las empresas pagarán más con la reforma.
Pero tratar de mantener los niveles pensionarios en los que prevalecían los jubilados de México, era estarse condenando a que el riesgo de un estallido social ocurriera en cualquier momento y entonces viviríamos en consecuencia un peligroso retroceso general.
Y con un futuro económico tan incierto como el que se tiene a nivel mundial en los años por venir, establecer nuevos parámetros para medir la posibilidad de subsistencia de los trabajadores jubilados de nuestro país, es no solo una medida de justicia social, sino que también representa una válvula para que la presión agravada por el factor económico que mencionamos trae consigo la pandemia, ofrezca el mantenimiento de una estabilidad social ya muy afectada por fenómenos como la corrupción pública y privada.
El acuerdo logrado por el presidente López Obrador desterró el fantasma que los ultras de la derecha trataron de hacer crecer en el sentido de que el gobierno de la 4T pretendía la “nacionalización” de las Afores.
Por el contrario, la reforma de pensiones que lograron trabajadores, gobierno e iniciativa privada, rescata propuestas de gran sentido humano como la realizada por la exsenadora Vanessa Rubio en favor de las personas desahuciadas porque se les va a permitir retirar sus recursos de ahorro para que los utilicen en el presente para atender con oportunidad sus condiciones de salud.
Una promesa cumplida de AMLO que es oxígeno puro ante las crisis de salud y económica que nos agobian.
Ricardo Monreal: un libro de cara a la sociedad
El libro 'La Infamia', el recuento de los daños desde la mirada de Ricardo Monreal Ávila salió a la circulación este fin de semana, en el cual se abordan los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años que tuvieron lugar en el estado de Zacatecas, tierra originaria del presidente de la Junta de Coordinación Política.
Se trata del relato de la lucha legal para limpiar la imagen de la familia Monreal ante un gobierno que se oponía mediante el aparato del Estado a los avances democráticos, concretamente en Zacatecas.
Una historia familiar relatada por el senador morenista, en donde hace un recuento de las maquinaciones y la guerra sucia que se suscita en la búsqueda del poder político, la historia de la verdad indubitable con pruebas jurídicas, así como las resoluciones a las cuales se ha llegado en torno a distintos asuntos que resultaron falsos, pues se trataba de una estrategia del gobierno para descalificar la imagen de Ricardo Monreal.
En 'La Infamia', Monreal narra el uso faccioso del poder para impedir su llegada a cargos públicos y la campaña negra, en la que se involucró no solo a él sino a su familia, en nexos y negocios con el crimen y el narcotráfico.
El presente libro es la crónica de 20 años de infamia: el poder usado para el descrédito de un adversario político a través de declaraciones de una investigación, manipulada de origen, que no encontró pruebas”, señaló el zacatecano.
En el primer capítulo “El Muro del 98”, Monreal asegura que la maquinaria PRI- Gobierno, encabezada por el presidente Ernesto Zedillo, fraguó una serie de acusaciones falsas para impedir, en primera instancia, que se convirtiera en el candidato del partido tricolor, al que entonces pertenecía.
“Al no ser respetado el proceso de elección interno, los valores en los cuales siempre he sostenido mi andar político fueron violentados, por lo que en ese momento decidí contender por la gubernatura desde la izquierda partidista”
La primera acusación de nexos con el narcotráfico es atribuida al entonces líder nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, quien durante un mitin justificó la decisión de no permitir contender a Monreal pues había señalamientos de “vínculos con un mundo de actividades turbias”.
El PRI conformó un expediente de los nexos de Monreal con grupos criminales, mismo que fue enviado al entonces líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, para que desistiera de la idea de nombrar a Ricardo Monreal su candidato a la gubernatura del estado.
Sin embargo y tras estudiar el caso el hoy presidente López Obrador respaldó a Monreal y lo acompañó durante su proceso para lograr la gubernatura de Zacatecas.
Monreal narra que el día de la elección el PRI tenía preparado un operativo para realizar un fraude electoral, sin embargo, logró ser contenido por la filtración de la estrategia y el reclamo de López Obrador al entonces presidente Ernesto Zedillo.
Las descalificaciones y el juego sucio desde el gobierno federal continuaron, no solo durante la administración de Monreal Ávila como gobernador, también en la candidatura de su hermano David Monreal para convertirse en candidato a Presidente Municipal.
Monreal asegura que el objetivo de su libro es legitimar la imagen de su familia a la que describe como “una generación con vocación para el servicio público y la representación popular”.
Miscelánea
1.- Como lo adelantamos el domingo pasado en el presente espacio de El Heraldo de México, varios diarios, portales digitales y editoriales videograbados, repitieron los primeros nombres que Emilio Lozoya señaló, en un ya viejo documento que redactó desde su prisión en Málaga. Lozoya menciona con nombres y apellidos a los artífices y operadores de la red de corrupción que hoy es el tema de moda.
2.- La recuperación física del exdirector de Pemex, recientemente extraditado desde España, Emilio Lozoya Austin va lenta, esto después de una operación quirúrgica a la cual fue sometido por diversas complicaciones a salud.
3.- Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México cuenta con el total respaldo de Clara Luz Álvarez, investigadora en el rubro de telecomunicaciones y tecnologías de la Información. [nota_relacionada id=1150337]
POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO
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