Ahora que se habla tanto de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, va a presentar pruebas de cómo se corrompieron legisladores para aprobar en fast track la Reforma Energética de Peña Nieto, bien vale la pena revisar lo que pasó en otro de los poderes con relación a este mismo caso: el Judicial.
Recordemos que la oposición —ahora en el gobierno—, cuestionó dicha reforma por considerar que su proceso de aprobación estuvo plagado de vicios que la hacían inválida.
Jaime Cárdenas Gracia, ahora titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, promovió un juicio de amparo que suscribieron Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Layda Sansores, Adán Augusto López Hernández y Ernestina Godoy Ramos, entre otros. Todos ellos, ahora parte de la 4T.
Cuando en la administración del presidente Enrique Peña Nieto no daban ni una esperanza a ese juicio, el caso le tocó por turno al entonces juez federal, ahora ya magistrado, Fernando Silva García.
El juez, quien se caracterizó por fallos adversos a las administraciones de Peña y de Miguel Ángel Mancera, admitió a trámite el juicio de amparo que se promovió en contra la Reforma Energética aprobada a finales de 2013.
El bloque opositor, en ese entonces en pequeña minoría, había impugnado el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, porque dicho precepto establece que el presidente (en este caso de la Comisión Permanente) es el que realiza el cómputo y formula la declaratoria de una reforma constitucional, lo cual, a su juicio, contraviene el artículo 135 de la Constitución, que señala de manera expresa que es la Comisión Permanente la que efectúa dicha función cuando el Congreso de la Unión no está en funciones. Al revisar su caso, el juez consideró viable revisar la demanda presentada contra la reforma.
Pero la victoria de este grupo fue breve. El Congreso y el gobierno federal (con Humberto Castillejos al frente) impugnaron la decisión y un tribunal colegiado revirtió la resolución y desechó en definitiva la demanda de amparo promovida contra la Reforma Energética.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (Joel Carranco, Carlos Ronzón y Julio Hernández Fonseca) desecharon la demanda el 14 de mayo de 2014 por considerarla improcedente.
Con esta decisión se cerró el juicio, sin siquiera entrar a la revisión del tema. Sin revisar siquiera los vicios que se demandaban por el fast track, o lo que ahora se asegura que podría ser resultado de actos de corrupción.
Desde el Poder Judicial se le puso un sello a la reforma.
Es hora también de revisar el papel que deben tener los juzgadores frente al gobierno en turno.
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POR MARTHA ANAYA
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