A principios de julio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó las primeras evaluaciones sobre el diseño y funcionamiento de los 17 programas prioritarios del gobierno federal, entre ellas, la del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que otorga 1,600 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar para contribuir a que niñas, niños y jóvenes de educación inicial a secundaria permanezcan en la escuela.
Coneval realizó 14 recomendaciones de las cuales 13 serán atendidas por la Coordinación Nacional de Becas de la Oficina de la Presidencia. Aunque en la evaluación no fue posible considerar el nivel inicial ni preescolar, debido a la limitada disponibilidad de información, se revelaron detalles importantes que pueden mejorar el alcance y los resultados del programa.
Con la visita a 13 planteles en 8 municipios de Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Oaxaca, CONEVAL encontró una gran tragedia: hubo familias que, por la forma de implementar el nuevo programa, perdieron el apoyo que recibían de PROSPERA. Así es, el levantamiento del Censo del Bienestar, realizado en tiempo real pero con evidente falta de coordinación, afectó los tiempos del proceso para la selección de familias.
Gracias a la transparencia y el derecho al acceso a la información, el 18 de mayo del 2020 se publicó el documento metodológico y las dos hojas de resultados dan cuenta que en el levantamiento del censo solo consideraron 26 millones, de los 32 millones de hogares que habían pronosticado. La opacidad y las ocurrencias comienzan a tener costos, pérdidas y efectos en las decisiones públicas que comprometen las estrategias de gobierno para el combate a la pobreza y la corrupción. El diagnóstico que otorga el Censo del Bienestar está incompleto, el padrón de beneficiarios no es totalmente público y la versión disponible no incluye nivel de ingreso, número de integrantes y tipo de localidad, por lo que sus resultados continúan siendo cuestionables y discutibles.
La eficiencia en la distribución de los apoyos está lejos de alcanzarse y la transparencia parece ser más selectiva que proactiva. Las familias beneficiarias no cuentan con un calendario de pagos, no se tienen mecanismos para monitorear la inscripción escolar y el personal educativo de las escuelas y las familias beneficiarias no conocen el funcionamiento del programa, a diferencia de 2018. Para el futuro tocará revisar la suficiencia del apoyo, la gestión y fiscalización de autoridades estatales en el ejercicio del presupuesto, así como la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles.
Los pendientes exigen más claridad y continuidad en el flujo de la información, la publicación de los cuestionarios, los tabulados básicos, los manuales de entrevistadores y las bases de datos públicas con todos los detalles. Tocará tener en mente este tema para dar seguimiento a las recomendaciones y vigilar su cumplimiento.
[nota_relacionada id=1152217]POR CARLOS GONZÁLEZ SEEMANN
INVESTIGADOR EN MEXICANOS PRIMERO
@CARLOSGLEZ21
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