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Acceso a los datos, bien público por potencializar

El acceso a la información es un mecanismo para la rendición de cuentas y para prevenir y atender la corrupción

OPINIÓN

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En 54.8 por ciento de la población conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública; sin embargo, sólo 3.6 por ciento ha solicitado información formalmente a una institución pública, mientras que otro 16 por ciento ha revisado alguna página de gobierno.

El INEGI y el INAI dieron a conocer hace unos días los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (ENAID) realizada durante 2019. La anterior se había efectuado en el 2015; ambas con el objetivo de conocer el grado de conocimiento de los informantes sobre la legislación y la institución encargada de garantizar el derecho de acceso a la información.

Aunque en cuatro años se incrementó el porcentaje de las personas que conocen los organismos que garantizan el Derecho de Acceso a la Información en 4 puntos porcentuales, hubo una reducción de 2 por ciento de quienes que han realizado solicitudes para conocer las acciones realizadas por servidores públicos. El acceso a la información es un derecho “noble”, sencillo de ejercer, que permite ejercer otros derechos; es un mecanismo para la rendición de cuentas, para prevenir y atender la corrupción y, sin duda, es una herramienta que empodera a la ciudadanía y le permite exigir resultados a sus autoridades. Ciudadanía y funcionariado debemos verlo como un bien público que debe convertirse de uso cotidiano. ¿Por qué entonces no ha permeado entre quienes forman parte de los hogares ? La ENAID permite hacer estimaciones sobre el tipo de información que consulta cotidianamente la población de 18 años y más, que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes y más, sin considerar zonas rurales.

Para llegar a la población con más rezago y carencias, debemos considerar la brecha que persiste en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por la que la promoción y difusión debe estar focalizada y considerar otros mecanismos como perifoneo, radios comunitarias y carteles, además de considerar lenguas indígenas y formatos accesibles para personas con debilidad visual y ceguera, o con algún tipo de discapacidad.

Los resultados de la encuesta ENAID 2019 también revelan que se incrementó el nivel de satisfacción con las respuestas y que 95.9 de la población otorgó sus datos personales a una organización. El 3.9 por ciento de los encuestados dijo que presentó alguna queja por vulneración de datos personales y 22.3 por ciento de ese total recurrió a la Profeco o Condusef, cuando son los órganos de transparencia, el nacional y los locales los que deben resolver las denuncias en la materia con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Así que aún falta sumar esfuerzos para promover el derecho de acceso a la información pública y su vínculo con la protección de los datos personales, herramienta valiosa para transparentar la gestión pública y prevenir la corrupción.

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POR NALDY RODRÍGUEZ
TRANSPARENCIA3.0@HOTMAIL.COM
@YDLAN

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