La infraestructura vial se ha convertido en parte central de la resiliencia de la economía y la sociedad en México y el mundo. La recurrencia de desastres naturales ha aumentado la importancia estratégica de la red de caminos y, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la existencia de una infraestructura extensa, segura, disponible y con mantenimiento óptimo, ha sido crucial para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro y de valor.
Las redes carreteras se planean, diseñan y construyen con el propósito de integrar las economías locales en una nacional que se inserta en el ámbito global, teniendo al transporte y a las comunicaciones como su eje fundamental.
El neologismo “resiliencia”, un concepto de uso común en el campo de la Física, fue introducido en las Ciencias Sociales a inicios de los 70, particularmente en el campo de la psicología infantil, para dar cuenta de la capacidad de los menores para recuperarse de traumas sufridos.
Extendido el concepto a la economía y la sociedad, da cuenta de la capacidad de éstas para resistir choques provenientes de la naturaleza y otras perturbaciones externas, así como de su poder para regresar a la normalidad y continuar la búsqueda del crecimiento, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.
La violenta sacudida que la pandemia global por el COVID-19 trajo consigo, ha dejado de manifiesto la importancia estratégica de las cadenas de suministro y de valor, en donde la producción de bienes y servicios, la transportación de equipo y bienes esenciales para la población, la conexión de la red de salud, así como la conectividad de las fuerzas de seguridad y vigilancia, son dependientes, en un nivel crítico, del correcto funcionamiento de la infraestructura de transporte.
Más allá de que la red de autopistas se encuentre disponible y en óptimas condiciones durante los periodos de normalidad económica y social, en el contexto de la pandemia, ésta ha desempeñado un rol central dentro de la resiliencia de diversos espacios geográficos que incluso rebasan la dimensión nacional, como es el caso de la zona T-MEC, la Unión Europea o el Mercosur, por dar algunos ejemplos.
Atender los factores que soportan la resiliencia de una economía y sociedad en el contexto del cambio climático y la posible recurrencia de epidemias nuevas, tendrá un efecto aún más significativo sobre las finanzas públicas de la mayoría de los países. Iniciando en la década de los 80, la formación de fondos no presupuestales, destinados a cubrir la probabilidad de catástrofes, se volvieron parte del consenso de las buenas prácticas fiscales para los países desarrollados, y fueron adaptados posteriormente por naciones emergentes, empujados buena medida por los criterios de las agencias calificadoras, que consideran la constitución de dichos fondos como esenciales para la mejora en las evaluaciones crediticias.
El diseño de dichos fondos se ha basado en la práctica común de estimar costos históricos de siniestros y catástrofes, provisionando dicho monto promedio para enfrentarlos. Sin embargo, ya sea porque el calentamiento global y la depredación del entorno natural han incrementado la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos, o porque dichos eventos presentan una varianza superior a la calculada para el diseño de los fondos catastróficos, la evidencia reciente ha mostrado cierta insuficiencia de estos instrumentos para atender emergencias.
La pandemia es un ejemplo dramático. Los costos inmediatos para su atención han sobrepasado los montos disponibles en los fondos para la atención de catástrofes, y han tenido un impacto material y directo sobre los presupuestos corrientes y sobre el margen de maniobra de los presupuestos de años subsecuentes.
En particular, los rubros de los servicios y la infraestructura de salud, los de prevención y desinfección de infraestructura urbana, los rubros destinados a garantizar el abasto de alimentos y el crítico suministro de agua, alumbrado y telecomunicaciones, así como el de transferencias puras para mantener a la población salvaguardada en sus hogares, han tenido que ser ampliados de manera considerable; en la mayoría de las veces en cantidades que sólo pueden ser cubiertas con emisiones de deuda masivas, las cuales vendrán acompañadas de degradaciones en la calidad crediticia de los países.
Sí bien la generación de infraestructura estará en la cima de la agenda de prioridades públicas, políticas y presupuestales, en un contexto en que los balances fiscales se encuentran seriamente comprometidos y los ratios de deuda en punto de saturación, será fundamental profundizar en el uso de fuentes de financiamientos extra-fiscales, particularmente las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Como se ha mencionado anteriormente, el correcto funcionamiento de las APP pasa, necesariamente, por el respeto al Estado de Derecho.
En este sentido, las autoridades del Estado de México han mandado un importante mensaje con la vinculación a proceso de Kenia Hernández, una de las principales lideresas de grupos dedicados a la toma de casetas (en las que incluso participan niños que “botean” en carriles exponiendo su integridad) en dicha entidad. Sí aspiramos a tener una sociedad más justa y capaz de brindar bienestar a su gente, se requiere que aquellos que violan la ley afronten, con pleno respeto a sus derechos, las consecuencias de sus actos.
POR MARCO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AMCIV, A.C.
@AMCIV
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