La ciudadanía percibe de manera claramente mayoritaria la absoluta inaceptabilidad del abuso policial y, crecientemente en el ánimo general, de la agresividad de personas que, encubiertas tras una causa o movimiento legítimo, violentan a transeúntes, a las y los policías, o vandalizan las propiedades privadas, comercios, instituciones de justicia o mobiliario público.
Recordemos: todos los derechos son derechos humanos y eso incluye el derecho a la integridad física, a la propiedad y a la libertad de expresión, que es también de los periodistas, cinco de los cuales fueron agredidos en los eventos recientes.
En las reuniones que hemos sostenido en el Consejo Ciudadano con activistas, periodistas y dirigentes empresariales, no existe una sola voz que no rechace ambos temas: el abuso policial y la impunidad de los delincuentes.
Además, es conveniente compartir la pregunta que se hace la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinabum, sobre a quién sirven las provocaciones, violencia y agresiones de anarquistas, que poco tienen que ver con la esencia de ese movimiento social.
Tampoco pueden desatenderse las implicaciones lógicas de un cierto estilo de expresión que implica, de antemano, el desconocimiento de la legitimidad y legalidad de la autoridad: violencia de unas y otros al mismo tiempo que se critica la violencia; ausencia de causa expresada para reconocer el diálogo con una comunidad superior a la de las particulares, y prácticas como las de arrojar piedras, gasolina, insultos, golpes contra representantes de los medios de comunicación o mujeres y hombres policías, que sumaron doce heridos.
Bienvenida la decisión de la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Ernestina Godoy, para abrir carpetas de investigación, que debemos acompañar con el llamado a la denuncia ciudadana para completar la información de la autoridad.
Al mismo tiempo, es necesario separarnos de la idea de que ejercer la autoridad para cumplir la ley es represión injustificable en la medida en que, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza indica que “la actuación policial debería asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos”.
El pseudo anarquismo de las protestas encubre muchas violencias acumuladas y omisiones conscientes o no reconocidas, y vividas por quienes provocan no solamente a la autoridad sino al conjunto de la inmensa mayoría social al desconocer el valor de la razón, el diálogo y la ley.
Todos tenemos derecho a la dignidad. Los peatones y las y los policías; los dueños de automóviles y los ciclistas; quienes viven en zonas vulnerables y los que tienen una propiedad en Rubén Darío.
“¿A quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿Ahora no vas a permanecer fiel a los acuerdos?”, consigna Platón al recordar la pregunta de Sócrates en el Critón, cuando se le propone escapar a la cárcel y a la muerte.
En una ciudad de derechos, nos toca a todos permanecer fieles a los acuerdos y rechazar toda violación a los derechos humanos.
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POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUERREROCHIPRES
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